El que ha sido presidente de La Seda de Barcelona durante los últimos 15 años, Rafael Español, anunció en la tarde del 9 de junio su dimisión del cargo tras una reunión de urgencia del consejo de administración que se extendió durante casi todo el día. El puesto pasa a manos del hasta ahora vicepresidente Joan Castells (presidente a su vez de la aseguradora Fiatc, uno de los accionistas de la compañía), después de que durante toda la semana se especulara con el nombramiento del ex ministro Joan Majó Cruzate, que ya fue consejero de la empresa durante una década, llegando a ocupar la vicepresidencia.

La decisión de Español, que seguirá dentro de la misma como consejero, se produce después de una agitadísima semana en la que cuatro miembros del consejo votaran en contra de las cuentas del ejercicio de 2008 al considerar que existía falta de transparencia en determinadas operaciones.

Entre medias está la complicada situación financiera de la compañía, con una deuda del orden de los 600 M€ y, sobre todo, una serie de ejecuciones de pasivo a corto plazo (por encima de los 100 M€, según diversas fuentes) que ponen en serio riesgo la viabilidad de la empresa.

En ese sentido, uno de los accionistas, la portuguesa Caixa Geral, que es también uno de los principales acreedores, está dispuesto a aportar 25 M€ a su debilitada tesorería y a garantizar una emisión de bonos convertibles por valor de 150 M€ , con objeto de evitar la presentación de un concurso de acreedores -una opción que la pasada semana estaba sobre la mesa- y contribuir favorablemente a la viabilidad de la compañía. También se espera que instituciones como la Generalitat asuman un rol más activo del mostrado hasta la fecha.

Cabe añadir que, a la espera de que se resuelvan las cuestiones referentes a las cuentas de 2008 (sobre las que existen riesgos por unos préstamos por valor de unos 20 M€ concedidos por La Seda a la firma de biocombustibles Jatroil, así como por una serie de ventas a clientes árabes y rusos), la dirección de la compañía ha decidido posponer sin fecha la junta general de accionistas prevista para finales de este mes de junio.