El municipio bruselense de Molenbeek anunció que estudiaba la imposición de un impuesto a las cajas de autoservicio, con el argumento de afectar a la cohesión social de los barrios y de suponer una reducción de los puestos de trabajo. El Ayuntamiento quería cobrar 5.600 € por cada máquina de ‘self-checkout’, según la publicación especializada Gondola. Finalmente, el ministerio responsable frenó la idea, pero es una muestra de cómo los marcos regulatorios han de responder a los nuevos retos -como en el caso de las ‘dark-stores’- y está en línea de debates similares sobre la posibilidad de gravar robots que hagan trabajo humano.