Las tres patronales del sector de la distribución alimentaria organizada (ACES, Asedas y Anged) han emitido un comunicado conjunto, tras reunirse con la vicepresidenta,Yolanda Díaz, en el que rechazan la propuesta de esta de poner en marcha una cesta de la compra a precios fijos, como medida para combatir la alta inflación. Las tres asociaciones se muestran contundentes y consideran el acuerdo "inviable y contraproducente porque parte de un diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena, porque sería ineficaz y porque la experiencia en otros países ha resultado fallida". Además, explican que "las empresas de distribución ya trabajan para ofrecer una cesta de la compra económica, a través de productos de marca propia, más promociones y descuentos" y que la propia competencia del sector "ha contribuido a amortiguar la fuerte escalada de la energía y las materias primas". Asimismo, aclaran que han pedido ayuda a la vicepresidenta para llevar a cabo el proyecto con varias medidas para luchar contra el alza del IPC y reducir los costes empresariales que soporta la cadena alimentaria. Entre ellas, destacan la "reducción del IVA en los alimentos, una moratoria a impuestos medioambientales, el descenso del coste regulatorio y, sobre todo, la reducción del coste de la energía, que puede hacer entrar en pérdidas a las empresas de la distribución"
Para demostrar el esfuerzo de la distribución, las patronales inciden en que "frente a escaladas de precios de hasta tres dígitos en la energía y las materias primas básicas, la cadena agroalimentaria está contribuyendo a amortiguar la inflación". Así, "entre julio de 2021 y julio de 2022 el IPC de la Alimentación y Bebidas ha crecido a una tasa anual media del 6,7%, frente a una tasa anual media en el índice de precios industriales (IPRI) de Alimentación de 12,8%. En el mismo periodo, el IPC general también ha registrado una variación media del 7,5%".
Las patronales explican que se ha realizado un diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena (IPOD) porque "compara solo la diferencia entre precios de origen y destino, al estar basado en datos de una organización agraria que carecen de base científica ya que, al expresar las diferencias de precios en porcentajes, distorsiona la percepción del consumidor e ignora el valor que aportan otros eslabones de la cadena. Otros estudios fiables, como los que elabora el Ministerio de Agricultura, no coinciden en absoluto con dicho análisis". Además, aseguran que "la distribución alimentaria organizada tiene unos márgenes porcentuales muy reducidos como se puede comprobar en los datos públicos de las empresas".
Por otro lado, consideran ineficaz el acuerdo propuesto, "ya que la estructura de la distribución alimentaria en España -definida por su escasa concentración– hace que el pacto requiera del acuerdo con cientos de empresas", entre ellas las de comercio tradicional "que tiene una cuota de mercado muy importante especialmente en productos frescos". Además, estiman que la iniciativa gubernamental "presentaría graves riesgos para la competencia, perjudicando a unos comerciantes frente a otros y a los consumidores que viven en poblaciones pequeñas" y que, en cualquier caso, "habría que evaluar su compatibilidad con la normativa de defensa de la competencia".
Por último, añaden que acuerdos similares han resultado fallidos en otros países. Así, "los firmados por el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en 2004 y 2010 tuvieron como resultado, por una parte, una drástica pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor con un descenso en el consumo y, por otra, una bajada muy importante de la calidad de los productos en las gamas afectadas".
Precios estables en los últimos 20 años
Desde el sector se incide en que "los precios de la alimentación en España en los últimos 20 años se han mantenido extraordinariamente estables, con subidas que han coincidido con otra crisis de materias primas en 2007 y con la subida del IVA en 2012 y se añade que "las causas del alza del IPC en alimentación actual son objetivas: alza del coste de la energía, de los carburantes y de las materias primas –agravado por la guerra de Ucrania-."
Como alternativa a la propuesta de Yolanda Díaz, las tres asociaciones proponen una bajada temporal del IVA de los alimentos –una experiencia que hizo Alemania en 2020 por un periodo de seis meses con resultados positivos-, la suspensión temporal de impuestos medioambientales que penalizan el consumo y la reducción del coste regulatorio. Además, piden que el precio de la energía sostenible para toda la cadena, y especialmente para la distribución alimentaria. "El alza del coste de la energía hace que empresas de la distribución corran el riesgo de entrar en pérdidas este año y, por ello, se solicita un Estatuto de Sector Esencial para el gran consumidor de energía, que apoye a estas empresas como se está haciendo en otros sectores".
Concluyen recordando que "la distribución alimentaria española, así como el resto de la cadena, ha demostrado en las dos últimas décadas y, más recientemente, con la crisis sanitaria su eficiencia para servir al consumidor alimentos de calidad, variados, seguros y a precios competitivos y su compromiso con los consumidores". Por lo tanto, afirman que "no es momento de dividir a la cadena, sino de trabajar unidos para hacer frente a la actual crisis multifactorial y seguir facilitando a todos los ciudadanos por igual el acceso a la alimentación".
