Las principales familias accionistas del grupo productor de cava y vino Freixenet han nombrado una comisión directiva ejecutiva integrada por Pedro Ferrer, Enrique Hevia y Eudaldo Bonet, representantes a su vez de cada una de las tres ramas familiares propietarias de la compañía. El objetivo es que las decisiones ejecutivas del día a día del grupo se tomen de forma consensuada, dada la complicada situación en que se encuentra el grupo.
Según las últimas informaciones publicadas en economía Digital, José Ferrer tenía previsto presentar el pasado lunes una nueva oferta de compra, tras la oferta fallida del pasado mes de octubre, tras haber obtenido el necesario apoyo de la banca. El primer accionista del grupo -que suma el 42% de las acciones- podrá llegar a consolidar un porcentaje mayoritario del capital social en este segundo intento, tras obtener un crédito sindicado de la banca (principalmente, Banco Santander y Caixabank), por valor de 120 M€. No obstante parece que, de momento, no hay ninguna decisión definitiva al respecto e incluso la oferta del grupo alemán Henkell seguiría sobre la mesa.
La principal causa del conflicto interno del líder español en el sector vinícola es la falta de rentabilidad. Así, la familia Hevia ( propietarios de un 29% del capital) busca la venta de su participación, mientras que en la familia Bonet (dueños de otro 29%) hay menos unidad. Dos de los hermanos, Pedro y Eudaldo, se habrían unido a la rama crítica, mientras que José Luis Bonet (actual presidente de Freixenet) y su hermana Pilar podrían optar por continuar en el accionariado.
A pesar de la disensión interna, las familias propietarias de Freixenet han aprobado las cuentas consolidadas del último ejercicio , que se cerró en abril de 2016, en el que tampoco se podrán repartir dividendos. El grupo vitivinícola facturó 529 M€, un 5% más que un año antes, y mejoró su resultado de explotación (que se duplicó hasta los 10,7 M€) y su beneficio neto (+6,7%, hasta los 2,35 M€, pero muy lejos aún de los 10 M obtenidos en 2012), mientras que, en cambio, el r esultado financiero se redujo en 7,6 M por las diferencias de cambio.
La rentabilidad sobre ventas del grupo, según ha publicado Expansión, es sólo del 0,44% y el ROE (que mide el beneficio sobre el patrimonio neto) también es sólo del 0,96%. Las deudas a corto plazo diminuyeron un 16% en el último ejercicio, hasta los 157 M€, pero las de largo plazo aumentaron un 22%, hasta los 166,7 M.
En su Memoria, la compañía destaca lo s resultados positivos alcanzados en la mayoría de sus filiales internacionales, con la excepción de Freixenet UK, Freixenet Shanghai y su grupo de empresas en Francia (si bien, este ejercicio la principal filial en este país, Yvon Mau, habría entrado en beneficios). Precisamente las exportaciones (que suponen el 80% del volumen de negocio), crecieron un 10% en litros y un 11% en facturación.
Por productos, el 64,3% de las ventas del grupo vienen de la mano del cava, producto que en España mejoró ventas un 1% en volumen y un 1,3% en valor. Los vinos tranquilos, si bien representan un porcentaje menor, consiguieron crecer un 2,4% y un 4,6%, respectivamente.
Por otra parte, parece que Freixenet tiene otro frente abierto en la región de Cariñena. El vicepresidente de la compañía, Enrique Hevia, habría sido imputado por un presunto delito de "insolvencia punible por alzamiento de bienes" por valor de unos 15 M€, junto al empresario de la contrucción Tomás Nasarre Alfaro, su hijo Tomás Nasarre Gracia y el empresario José Trejo Marín.
La denuncia ha sido interpuesta, y admitida a trámite por el juzgado de instrucción n. 1 de Daroca, por la familia Segura Serrano, que en 2010 vendió las Bodegas Victoria a los constructores de la familia Nasarre, por importe de 12,3 M€, más otros 5 M en un aval. Los nuevos dueños de las bodegas zaragozanas no habrían efectuado los pagos pactados, según sus demandantes, y apenas unos meses después declararon concurso de acreedores.
Además, según los demandantes, Freixenet habría arrendado a los Nasarre la planta de elaboración, el edificio de oficinas y 77 ha de viñedo -que son gestionadas a través de la sociedad Dominio de Longaz, actualmente denominadas Pago de Aragón- , por 40.000 € anuales más IVA, por un periodo de 10 años, si bien el importe total se habría pagado por adelantado, impidiendo con ello a la familia Segura la recuperación de sus propiedades. No obstante, desde Freixenet se ha negado la existencia de este contrato y se ha asegurado que esta bodega nada tiene que ver con el grupo vitivinícola y que, en todo caso, se trataría de una operación particular de Enrique Hevia.
Los Nasarre también contaban con la bodega de Somontano Bodegas y Viñedos Olvena -adquirida igualmente en 2010-, que este mismo año ha entrado en fase de liquidación, tras incumplir el convenio de acreedores. En cuanto al otro empresario imputado, José Trejo, es administrador único de la valenciana Unión Vinícola del Este, la barcelonesa Vins Font, la vallisoletana Castelo de Medina, además de la mencionada Dominio de Longaz.