La crisis del coronavirus, una emergencia sanitaria que está sacudiendo la sociedad y la estructura económica del país, está exigiendo medidas de choque en todos los ámbitos y afectando a todos los niveles del país. El sector de construcción no es ajeno a esta situación, aunque se habría visto afectado en menor medida que otros sectores económicos. En principio, las obras de construcción pueden seguir su curso siempre y cuando se cumplan con las medidas exigidas para evitar la propagación del virus. No obstante, el sector vive con dudas e incertidumbre los límites de estas restricciones. De hecho, el nuevo decreto faculta a las autoridades locales a la prohibición de actividades que puedan suponer riesgo de contagio y ya se están dando algunas paralizaciones de obra o de paralización de transporte por parte de las fuerzas del orden en puntos concretos del país. En este sentido, la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) ha valorado de forma positiva la batería de medidas extraordinarias adoptadas el martes por el Gobierno para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. APCE considera que estas medidas de contención son necesarias para paliar las consecuencias de la disrupción temporal y generalizada de la actividad económica en todo el país y reitera la disposición de todo el sector promotor y constructor a mantener un diálogo permanentemente abierto con el Gobierno para apoyar y ayudar en la implantación de las medidas para el sector.

Para aclarar un poco la situación, el decreto publicado por el Gobierno el miércoles que protege a las constructoras ante posible paralizaciones de obras públicas. Así, el decreto señala que "en los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios la situación de hecho creada por el Covid-19 y las medidas adoptadas por el Estado para combatirlo, tendrán la consideración de fuerza mayor, dando derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante la ampliación de su
duración inicial hasta un máximo de un 15% o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato”.

Las promotoras inmobiliarias en principio continúan con su desarrollos en marcha con las salvedades hechas, a la espera de saber en qué medida puede afectar esta grave crisis sanitaria al desarrollo del negocio inmobiliario y de la compraventa de inmuebles. A nivel comercial, los equipos comerciales y de oficinas siguen realizando su actividad y atendiendo consultas de forma remota tanto por vía digital como telefónica. Han surgido además iniciativas como la de la inmobiliaria Century 21 New Estate, que ya ofrece a los clientes visitar y comprar sus viviendas sin salir de casa, por medio de videollamadas para el asesoramiento, recorridos virtuales para visitar las viviendas y una solución tecnológica que permite firmar contratos legales de forma segura y sencilla.

Paralelamente, un grupode cinco de las principales promotoras del país -Aedas Homes, Habitat Inmobiliaria, Metrovacesa, Neinor Homes y Vía Célere-, han acordado conjuntamente aplazar el cobro de los próximos dos pagos a cuenta de los clientes que así lo deseen, para minimizar los efectos económicos negativos que puedan estar sufriendo sus clientes.

Cierre de tiendas y mantenimiento de entregas

Los almacenes de venta al cliente final, autoservicios, showrooms y tiendas a pie de calle han sido cerradas por el nuevo decreto. De este modo, los grandes superficies de materiales, ferretería y bricolaje han echado el cierre a toda su red comercial, como es el caso de la líder Leroy Merlin, Bricomart u otros operadores. No obstante, las firmas de distribución de materiales al cliente profesional, la venta mayorista, pueden continuar con su actividad. Algunas de ellas mantienen abiertos sus centros y almacenes con todas las salvedades que las nuevas restricciones exigen, como es el caso de Saltoki y Salvador Escoda. Otras muchas cadenas como La Plataforma o Distriplac, por citar un par de ejemplos, han bajado la persiana a sus almacenes, pero mantienen toda la operativa logística y el servicio de entrega de materiales en obra. Muchas compañías están implementando servicios de recogida, transporte a obra, venta on-line, líneas especiales de teléfono y otras medidas. Algunos de los materiales, integrados en la cadena de suministro de instalaciones y mantenimiento, podrían incluso entrar en la categoría de primera necesidad y requeridos de forma urgente para el funcionamiento de servicios del ámbito sanitario o de la alimentación.

En cualquier caso, y de cara al futuro previsible y las posibles consecuencias, la alta morosidad que sufre tradicionalmente el sector se perfila como uno de los problemas principales que tendrán que afrontar las compañías. El prolongado periodo de pago que se da en el sector de construcción hace que las firmas de distribución, y las subcontratas de construcción en general, otorguen un escaso margen de resistencia para situaciones como la actual, siendo uno de los principales retos que afrontarán en los próximos meses.

La industria de materiales de construcción, por su parte, se enfrenta a los retos que encara el resto del sector industrial, con la incertidumbre del panorama internacional, la esperada caída de la demanda, la escasez de componentes y suministros por el cierre de fronteras y las medidas de contención del virus en las plantas de producción. La reducción de personal en plantilla, la implantación de turnos de trabajo, el cierre de comedores y salas comunes, o la reducción de jornadas figuran entre las medidas que se están adoptando. A nivel comercial, y en la medida de lo posible, medidas como el teletrabajo se están implantando de forma generalizada, y se espera un aumento de la importancia de nuevas herramientas de venta como la propia página web, venta telefónica, mail y redes sociales.

Comprensión de las medidas

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (Fenie) y la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines (Conaif) han alertado de una disminución de la actividad de las empresas instaladoras, a la par que se mantienen los costes salariales. Las asociaciones empresariales, al igual que su homóloga madrileña Agremia, solicitan que se desarrollen mecanismos útiles y rápidos que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a pymes y autónomos. En instalaciones, se describe un escenario en el que se impide a las empresas instaladoras el acceso a obras por decisión del promotor/constructor, así como a fábricas y centros industriales al no estar directamente relacionadas con la actividad principal del negocio. Asimismo, la actividad se resiente igualmente en gran parte del sector terciario y en el mercado doméstico.

En cualquier caso, desde todos los segmentos implicados se comprenden las medidas adoptadas por el gobierno ante la grave situación y muestran su disposición a adoptar todas las medidas necesarias para frenar la expansión del virus y proteger la salud de trabajadores y clientes.