El grupo encabezado por la Compañía Española de Laminación (Celsa) ha obtenido una concesión para operar una terminal marítima privada de productos siderúrgicos en el muelle Oeste del Puerto de Barcelona a partir de mediados de este mes de mayo, según informa el medio digital Cadena de Suministro. La compañía tiene la intención de utilizar las instalaciones existentes en este espacio del dominio público portuario barcelonés para la actividad de intercambio entre modos de transporte marítimo y terrestre de productos siderúrgicos.
La concesión, con una superficie total de superficie de 12.969 m2, se ha realizado por un plazo de 10 años contados a partir del próximo 16 de mayo. Los responsables del recinto portuario barcelonés han fijado unas tasas que, en el caso de la de ocupación, ascienden a 128.328,90 €/año. De igual manera, la tasa de actividad tendrá un importe de 0,0565€, redondeado a dos decimales, por cada tonelada manipulada.
Nuevo plan industrial y nombramientos
El grupo Celsa, que desde el último trimestre de 2023 está controlado por un grupo de acreedores internacionales que mantenían un conflicto con la familia Rubiralta, se encuentra inmerso en el diseño de un nuevo plan industrial y de negocio, tarea para la que ha contratado los servicios de la consultora internacional Bain & Company. Como parte de esta hoja de ruta, ha trascendido que Celsa está evaluando la venta de sus acerías en Polonia, Noruega y Reino Unido, cuyo valor agregado puede superar los 1.000 M€, un proceso para el que ha contratado a Citi.
A finales de febrero, los sindicatos CCOO y UGT lanzaron un comunicado conjunto mostrando su rechazo frontal a dicha posibilidad, ya que advierten que estos mercados suponen el 50% del ebitda de Celsa. Según Expansión, en el grupo se encuentran confrontados actualmente los intereses de acreedores y accionistas. Los primeros apuestan por la venta de activos para repagar deuda, mientras que los segundos son más proclives a la creación de valor para elevar al máximo la valoración del conjunto de la compañía de cara a una venta futura del negocio a un nuevo accionista.
Por otro lado, los propietarios de Celsa han continuado con la configuración del nuevo consejo de administración, tras los fichajes de Rafael Villaseca como presidente no ejecutivo y de Jordi Cazorla como CEO. El pasado 6 de abril, la junta de accionistas ratificó como consejeros a Juan José Nieto, fundador y presidente de Arcano Partners; Hilario Albarracín, que fue presidente de KPMG en España; Elena Guede, directiva del grupo cementero irlandés CRH, y Mario Longhi, expresidente de la siderúrgica US Steel; quienes acompañarán a Daniel Alaminos, exdirectivo de Abengoa que ya fue anunciado como nuevo secretario cuando se anunció el fichaje de Cazorla.
Además, según La Información, Celsa ha contratado nuevos directores de operaciones y recursos humanos, y a lo largo de este mes de mayo llegará un responsable comercial. Asimismo, la sociedad está en busca de un representante legal, una figura ausente hasta ahora a lo largo de su historia.
La búsqueda de un socio español se demora
La incorporación de un socio español de perfil industrial al capital de Celsa con una participación del 20%, una de las medidas a las que se comprometieron los nuevos propietarios con el Gobierno para que éste no obstaculizara la toma de control mediante la ley antiopas, todavía deberá esperar. Según señaló Villaseca en su primera rueda de prensa, realizada tras la pasada junta de accionistas, el proceso no comenzará hasta el mes de junio, cuando en principio vencía el plazo dado por el Ejecutivo. Entre los candidatos que han sonado desde el primer momento para entrar en Celsa están Sidenor, Megasa, Cristian Lay o Gonvarri.
En dicho encuentro, el nuevo presidente no ejecutivo comentó también las cuentas aprobadas, las primeras auditadas que abarcan la totalidad del grupo siderúrgico. Celsa terminó el pasado ejercicio con unos fondos propios positivos de 326 M€, a pesar de haber introducido ajustes contables por valor de 1.339 M€. Los máximos responsables del grupo destacaron que la capitalización de deuda por parte de los fondos, por un importe de 1.418 M€, permitió cerrar 2023 con fondos propios positivos. Sin esa operación, afirman, la compañía habría registrado unos fondos propios negativos de 1.187 M€ y unas pérdidas
consolidadas de 918 M€.
"Celsa ha salido de la UCI, pero sigue en el hospital", resumió Rafael Villaseca. La facturación consolidada en 2023 se situó en 4.765 M€, con un descenso del 22% respecto a 2022 en términos comparables, y el ebitda bajó a la mitad, hasta 441 M€. Pese a la capitalización, el grupo arrastra todavía una deuda de 2.316 M€.
