Planta de Castellbisbal (B) de Celsa.
El juzgado mercantil 2 de Barcelona ha dictado una sentencia, contra la que no cabe recurso, que otorga la razón a los acreedores en el conflicto que mantienen con la familia Rubiralta por el control de la siderúrgica Compañía Española de Laminación (Celsa). El fallo acuerda la homologación del plan de reestructuración presentado por los fondos, liderados por Deutsche Bank, que prevé la capitalización de una parte importante de la deuda de la sociedad. De esta forma, los acreedores pasarían a ser accionistas de la compañía sustituyendo a los hasta ahora propietarios.
Durante el juicio, que finalizó a principios del pasado mes de julio, los Rubiralta defendieron a través de sus abogados que Celsa tenía un valor real de 6.000 M€ y que podía acometer el pago de sus obligaciones (la deuda financiera bruta del grupo asciende a 3.988 M€). Una tasación, validada por la firma Lazard, que estaba muy lejos del informe de Lexaudit —designada por el juez para calcular el valor del grupo— que lo situaba entre los 2.400 y 2.775 M.
La sentencia reconoce a los acreedores la facultad de implementar el plan propuesto, que “es la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del grupo Celsa”, y les advierte que también “deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto”.
Según recoge El Confidencial, los prestamistas van a pedir de forma inminente al Gobierno en funciones el permiso para canjear unos 2.500 M€ de deuda ya impagada por casi el 100% de la compañía catalana. En caso de obtener el visto bueno, los actuales administradores de Celsa serán despedidos sin dilación.
La ley establece el requisito de la aprobación gubernamental para comprar más de un 10% de una sociedad listada en bolsa o activos de una compañía por más de 500 M€. Además, Celsa había sido calificada como una empresa estratégica para garantizar la producción siderúrgica de España en caso de una emergencia nacional, por lo que Moncloa tiene la última palabra para autorizar el cambio de propiedad. El grupo consolidó una facturación superior a los 6.000 M€ en el ejercicio 2022 y emplea a más de 10.000 personas.