El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han firmado un acuerdo mediante el que pondrá a disposición de promotores, tanto públicos como privados, 6.000 M€, que se movilizarán a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que se destinarán a la construcción de 43.000 viviendas en régimen de alquiler asequible. Estos 6.000 M€ se dividen en dos líneas de inversiones, en primer lugar, 4.000 M€ en préstamos para promotores públicos y privados, procedentes de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR); y, en segundo lugar, una línea dotada con 2.000 M€ que avalará hasta el 50% de estos préstamos, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Durante la firma, que tuvo lugar el lunes 29 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que "el objetivo es promover 43.000 viviendas destinadas al alquiler social o asequible, por un período mínimo de 50 años, mediante el nuevo Plan de Facilidad para la Promoción de Vivienda Social". También ha reafirmado su "compromiso de aumentar el parque público de viviendas en 180.000", tras señalar que actualmente hay más de 80.000 unidades en distintas fases de desarrollo.
El receptor final ha de solicitar este préstamo de "vivienda social" a través de su entidad financiera o directamente con el ICO. Se destinarán a proyectos dirigidos a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o rehabilitación del ya existente, y que incluye a actuaciones provenientes del Programa para la construcción de vivienda en alquiler asequible en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, viviendas de nueva construcción en suelos públicos y privados, la rehabilitación de edificios que vayan a destinarse al alquiler asequible o social, la compra de suelo para la posterior construcción o activos que sean titularidad de Sareb. Todas las viviendas construidas a través de estos préstamos deberán ser destinadas al alquiler social o asequible, o cedidas para dicho uso, durante un período mínimo de 50 años.
Por otro lado, los proyectos tendrán que finalizarse en diferentes fechas, en función del tipo de proyecto financiado. Concretamente, la financiación del Programa para la construcción del Plan de Recuperación deberá estar terminada antes del 30 de junio de 2026. La construcción de edificios en suelo urbanizado antes de que transcurran cuatro años desde la formalización del préstamo, con posibilidad de prorrogarlo dos años más. En el caso de suelos no urbanizados el plazo es de ocho años, con posibilidad de solicitar una prórroga que alargue cuatro años más dicho plazo. Por último, en el caso de la rehabilitación, el plazo será de cuatro años, con posibilidad de solicitar una prórroga de dos más.
Además, los proyectos financiados han de cumplir con unos requisitos climáticos en los cuales los edificios construidos deben alcanzar un consumo de menos del 20% de energía primaria que el establecido para edificios de consumo de energía casi nulo según las directrices nacionales; y, los rehabilitados, deben reducir, al menos, un 30% de la energía primaria no renovable.