La nueva legislación impacta en el sector
Ya se apuntaba el pasado año que uno de los aspectos más a tener en cuenta a la hora de analizar el presente y futuro del sector del envase en general y del dedicado a la producción de cierres y tapones en particular era el relacionado con la introducción en el corpus legal español de la nueva legislación en materia de economía circular, como resultado de la incorporación a la normativa española de las directivas de la Unión Europea en este campo.
Primero fue la aprobación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, a la que la Cámara Baja dio luz verde en marzo del pasado ejercicio y que contenía el artículo bautizado como “impuesto al plástico”, en vigor desde el pasado 1 de enero de 2023 y uno de los puntos que está generando más impacto en el sector. Este tipo impositivo buscaba gravar todos los envases no reutilizables que contuvieran plástico virgen en su composición, incluyendo los productos destinados al cierre, así como las materias primas de embalaje secundario como los films o las bolsas, muy empleadas por la industria. Se establecía el pago de 0,45€ por cada kg de plástico virgen utilizado, una tasa obligatoria para todos los fabricantes primeros del packaging, si éste se fabricaba en España, así como para los importadores o compradores intracomunitarios de envases y productos envasados en plástico, lo que obliga a llegar una contabilidad diferenciada en función de si el producto se destina al mercado español (sujeto a impuesto) o a terceros países (exento de él). Igualmente, en el caso de que el producto sea importado se debe declarar el volumen y tipo de packaging plástico que entra en el mercado español.
La aprobación de esta tasa por parte de España (primer país europeo en implantarla) ha supuesto “un gran impacto”, en palabras de los operadores, principalmente, a nivel competitivo, puesto que les deja en desventaja frente al resto de fabricantes extranjeros, pero también a nivel económico por las reticencias que están encontrando entre algunos de sus clientes para asumir este sobrecoste, lo que ha obligado a algunas empresas a absorberlo. Y a esto se suma una carga administrativa extra para revisar el catálogo y certificar el contenido de plástico no reciclado de cada producto, además de hacer necesario adecuar sistemas o facturas a esta nueva normativa. Igualmente, ha motivado redefinir los procesos de compra, rediseñar los productos o, incluso, acelerar inversiones para, entre otros, aumentar el uso de materiales reciclados en el proceso productivo u optimizar costes productivos.
Además del “impuesto al plástico”, el cierre de año trajo también la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la RD 1055/2022 de Envases y Residuos de Envases, una norma orientada a reducir la generación de residuos de envases y que incluía también medidas de reducción del uso de plásticos vírgenes. Igualmente, se incluía un capítulo para fomentar el uso de envases reutilizables en el sector bebidas; se establecía un sistema de depósito, devolución y retorno para la recuperación de estos envases, y se creaba la figura de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que implica cambios en los Sistemas Colectivos de la Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) de envases domésticos. Además, este Real Decreto desarrollaba también algunos aspectos de la Directiva de la UE 2019/904 sobre plásticos de un solo uso para envases, en la que figura la obligatoriedad de que los tapones permanezcan atados al envase en todos los envases de un solo uso con capacidades por debajo de 3 litros a partir de junio de 2024.
La mayor parte de los operadores coinciden en que cualquier avance en cuestiones medioambientales es necesario, aunque consideran que también lo es educar a los consumidores para que estas medidas sean realmente efectivas para la minimización de los residuos o el aumento de la recogida selectiva. En cualquier caso, adecuarse a la nueva legislación se está convirtiendo en el principal caballo de batalla del sector, no sólo en la industria de los cierres y tapones, sino en todo el ámbito del envase y embalaje en general. De hecho, así se manifestaba en el Informe 2023 sobre innovación y sostenibilidad en packaging publicado por Alimarket el pasado mes de febrero. El 65% de los encuestados aludía a la burocracia para hacer frente al nuevo marco legal en aspectos como el “impuesto al plástico” como su principal preocupación para 2023
