Andema, la Asociación para la Defensa de la Marca, ha mostrado su oposición a las medidas para promover el empaquetado genérico (o plain packaging, en su terminología anglosajona), una filosofía que implica la eliminación de facto de la marca y que vulnera los derechos de propiedad industrial y la libre competencia y libertad de empresa protegidos por la legislación española; generando inseguridad jurídica y un peligroso antecedente para otros sectores económicos que podrían verse afectados.

Así se recoge en el Estudio sobre Empaquetado Genérico elaborado por el Centro de Estudios de Andema, presentado ayer en CEOE. Según explicó el director general de Andema, Gerard Guiu, la asociación está en contra de medidas que supongan la expropiación encubierta de las marcas y que, entre otras consecuencias, favorezcan la falsificación y el comercio ilícito. Por ello, esta organización solicita que se consideren alternativas menos restrictivas que garanticen un equilibrio entre los distintos intereses y derechos afectados.

En la presentación del estudio, el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y director del Departamento de Economía de CEOE, Gregorio Izquierdo, advirtió de que su implementación tiene consecuencias muy negativas en una economía de mercado, pues desincentiva la innovación, motor del crecimiento económico y competitividad de las empresas. Recordó que este tipo de medidas restrictivas generan incertidumbre entre los inversores internacionales, pudiendo traducirse en una menor inversión y en un riesgo adicional para otros sectores por el efecto contagio.

Graves consecuencias

El empaquetado genérico, sobre el que hay varias iniciativas legislativas en países de nuestro entorno, consiste en eliminar todos los signos gráficos/visuales del envase y sustituirlos por un color neutro y el nombre de la marca en tipografía estándar de tipo reducido. Se impide así a las enseñas desempeñar sus dos funciones básicas, como son la identificación del producto y su diferenciación de la competencia. El consumidor es el principal perjudicado de esta pérdida de información, pues se enfrenta a grandes dificultades para reconocer el producto y a un mayor riesgo de confusión.

Según explicó el catedrático emérito de ESADE-URL y director científico del Centro de Estudios de Andema, Jordi Montaña, esta medida vulnera los derechos relacionados con la propiedad industrial reconocidos por la legislación española en la Ley 7/2001 de Marcas, pudiendo acarrear su caducidad por incumplir los requisitos mínimos de utilización, y en la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, al favorecer la confusión entre empresas competidoras.

El informe constata que la restricción de la marca penaliza el esfuerzo realizado por las empresas en su construcción y en los valores empresariales que están detrás de la misma. Paradójicamente, se provoca un efecto contrario al perseguido pues al difuminarse en la mente del consumidor la información y reputación asociada con la enseña, el producto se convierte en un básico. Se produce así un empobrecimiento a lo largo de la cadena de valor que perjudica a todos sus eslabones, así como a otros sectores relacionados.

Además, en su opinión, la homogenización de las marcas facilita la falsificación ya que los productos resultan más fáciles y baratos de copiar. Las falsificaciones son un grave problema social, que provoca destrucción de empleos -más de 53.500 puestos al año, solo en España-, pérdida de ventas y de inversión, causando un daño a la economía nacional de más de 6.700 M€.

La experiencia en los tres países pioneros en aplicar el empaquetado genérico en el sector del tabaco confirma un incremento del comercio ilegal -Australia, Francia y Reino Unido tienen tasas de consumo ilícito de entre el 20% y el 30%-, sin que haya podido demostrarse su eficacia en su objetivo de reducción de la prevalencia.