El pasado octubre se aprobó la Orden APA/1076/2018, una normativa que establece una serie de requisitos fitosanitarios para la entrada de embalajes de madera en Canarias. Dicha ley tiene como objetivo disminuir el riesgo de introducción o dispersión de plagas vegetales en un ecosistema tan vulnerable como el canario y afecta a "todo tipo de embalaje de madera de espesor superior a 6 milímetros, tales como cajones, cajas, jaulas, tambores, palés y demás plataformas para carga o estiba". Los requisitos fitosanitarios vienen descritos en la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias nº 15 (NIMF nº 15) y consisten, a grandes rasgos, en la necesidad de tratar fitosanitariamente el embalaje cada vez que entre o salga de Canarias, además de certificarlo mediante un sello.
Esta medida afecta de lleno, entre otros, al sector de pool de ERTs, especialmente a las empresas que trabajan con palés de madera (con Chep, LPR, IPP, a la cabeza), que ven en esta orden un importante escollo para el desarrollo de su actividad, tanto en términos de cómo controlar el cumplimiento de la norma en un parque de palés en continuo movimiento, como en términos de coste (algunas empresas cifran el incremento de hasta el 25% a lo largo de toda la cadena logística). Por ello, desde el principio de este año las principales empresas del sector, así como sus grandes clientes de la industria alimentaria y el retail, han mantenido distintas reuniones con el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Canario para encontrar una solución.
De momento, se ha logrado una moratoria de entre 8-12 meses para la fecha de aplicación de la ley, que estaba fijada para mediados de abril. En este tiempo, el sector pool trabajará para encontrar las posibles fórmulas y alternativas de adaptarse a la ley, junto con los distintos actores de la cadena logística.
