La pandemia del Covid-19 ha venido a mostrar la importancia del sector de restauración colectiva, como un servicio esencial para el funcionamiento de hospitales, geriátricos, colegios, empresas y otras colectividades. Un reconocimiento que ahora reivindica un sector, que llama la atención sobre su importancia como motor económico (representa el 0,3% del PIB nacional) y social (tiene en sus manos la alimentación de 7,5 M de personas cada día) y solicita ser tenido en cuenta en las negociaciones colectivas y en las decisiones de las administraciones, por ejemplo en los concursos públicos, en los que se sigue valorando solo el coste económico del servicio, sin tener en cuenta la capacitación de las empresas y adaptación a las necesidades del cliente.
El sector ha mostrado su compromiso en la pandemia, colaborando con centros públicos y clientes privados, flexibilizando los servicios e incluso poniendo en riesgo a sus plantillas, para no dejar de dar de comer a los usuarios. Pero generar estos entornos más seguros ha supuesto y continúa suponiendo un importante sobrecoste económico que, para muchas empresas, está siendo difícil de sostener. Es por ello que, como apuntaba Antoni Llorens, presidente de la federación Food Service España, “es indispensable que se gestionen ayudas y apoyo a las empresas del sector, para que puedan seguir prestando un servicio tan indispensable como la alimentación, cuya mejora cualitativa debe contemplarse como un compromiso colectivo, que requiere de la participación y la corresponsabilidad de todos los que intervenimos en el proceso, incluyendo administración, clientes y las empresas del sector”.
Food Service alerta de los problemas que podrían tener muchos de sus miembros para continuar en un mercado, que en 2020 redujo su facturación global en un 45% y que, en 2021 se calcula en cerca del 30%, pese a la aceleración de la actividad prevista en el segundo semestre, gracias al avance en la vacunación y la progresiva desaparición de las restricciones.
Por otra parte, la caída de la actividad han obligado a las empresas a reestructurar su actividad y solicitar ERTE para la totalidad o una buena parte de los trabajadores, dependiendo de los sectores clientes. Así, Food Service estima que de los 92.000 trabajadores que emplean sus 140 empresas asociadas (entre ellas los principales operadores nacionales e internacionales) unas 48.000 personas (el 53%) se vieron afectadas por esta medida y, en muchos casos, continúan en esa situación a la espera del restablecimiento de la actividad de comedores de empresas, cafeterías hospitalarias y otros centros aún cerrados. De cara a septiembre, fecha límite propuesta para la desaparición de los ERTE, Food Service intuye que, si la actividad no se ha recuperado, muchos ERTE podrían convertirse en ERE, lo que llevará a una importante reducción de puestos de trabajo y a un nuevo sobrecoste en concepto de indemnizaciones para las empresas, lo que de nuevo complicará la delicada situación de un sector que, según Food Service, tardará unos años en recuperar los niveles de actividad e ingresos.
