La crisis del coronavirus ha tenido una importante repercusión en las clínicas de especialidades. Con el decreto del estado de alarma del 14 de marzo, los establecimientos médicos, ópticas y ortopedias formaban parte de los servicios considerados esenciales y, por tanto, debían permanecer abiertos. Más tarde, la orden SND/310/2020, del 31 de marzo, aclaraba que en el caso de las clínicas dentales solo estaban obligados a atender casos de urgencia. Por esas mismas fechas, los colegios profesionales de fisioterapeutas, podólogos, ópticos-optometristas, logopedas, terapeutas ocupacionales y diétetica y nutrición solicitaron ser excluidos de ese listado, por la falta de equipos de protección individual (EPI) y el consecuente riesgo de contagio de Covid-19. Sin embargo, ya a principios de abril, el Ministerio de Sanidad escuchó sus demandas y admitió que se siguiera la misma pauta que en las clínicas dentales, es decir, podrían limitarse a atender solo urgencias "imprescindibles y excusables", en palabras de Rodrigo Gutiérrez, director general de Ordenación Profesional, en una carta en respuesta a la petición de los colegios.
No obstante, más allá de los riesgos sanitarios, precisamente debido a la clausura de los centros y las pérdidas económicas este tipo de establecimientos han sufrido también consecuencias a nivel laboral. La primera compañía del sector sanitario en presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor fue la red de centros odontológicos Dentix, que el 18 de marzo recurrió a esta figura, que afectó a toda su plantilla, compuesta por 3.200 trabajadores. La compañía optó por cerrar la totalidad de sus dos centenares de clínicas en España, al no poder garantizar la seguridad sanitaria de pacientes y profesionales, aunque sigue atendiendo telefónicamente las consultas odontológicas de los pacientes con tratamientos en curso o que necesiten contactar con un facultativo, además de disponer de un comité médico encargado de evaluar las situaciones de urgencia. Además, la empresa ha entrado en situación preconcursal este mismo mes de abril.
Otras redes de clínicas dentales no han tomado medidas tan drásticas. Por ejemplo, el grupo Vitaldent mantiene abiertas 20 de sus más de 300 establecimientos, para que al menos haya una clínica operativa en cada Comunidad Autónoma. Por su parte, el grupo de servicios odontológicos y estéticos Vivanta, ha hecho lo mismo con 26 de sus 270 centros.
El sector de la oftalmología también ha sido especialmente golpeado en esta crisis sanitaria. La Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO) ha subrayado que ofrecer un servicio esencial "no debería perjudicarnos o alejarnos de las ayudas que el Estado está ofreciendo al resto de sectores, dado que estamos cumpliendo con nuestra obligación, como el resto de profesionales sanitarios", al mismo tiempo que sus empresas están generando pérdidas "dado que obviamente tienen prohibido más del 90% de lo que constituye su actividad comercial habitual y, además, no hay clientes en las calles, por eso solo estamos abiertos para mantener los servicios mínimos”. Sin las mencionadas ayudas gubernamentales, la Asociación de Cadenas de Óptica (AECOCC) advierte que "tras esta crisis muchas empresas y profesionales tendrán que cerrar sus establecimientos".
En este contexto, el grupo oftalmológico Clínica Baviera presentó a finales de marzo un ERTE para el 87% de sus empleados, una medida que según la compañía se tomaba para mantener la estabilidad en el nivel de empleo tras decretar el cierre de toda su red de centros.
De la misma forma, en marzo también le tocó el turno al Grupo Miranza, que aprobó un ERTE para el 74% de su plantilla, es decir 370 de sus 500 empleados, a los que la compañía completará la totalidad de su sueldo. La medida ha venido además acompañada de una reducción al 75% de los salarios del equipo directivo y el personal de servicios centrales. No obstante, el grupo subraya que el ERTE solo tendrá aplicación durante el estado de alarma y hasta que reabran sus centros.