La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a siete distribuidoras de alimentos. En concreto, las entidades sancionadas son Plataforma Femar, S. L. (Femar), Acacio, S.L. (Acacio), Serviline Foods, S. L. (Serviline), Asesores Llangon, S. L. (Llangon), Leonesa de Patatas, S. L, Hermanos Vidal, S. L. (Hnos. Vidal) y Frutícolas Ateca, S. L. (Ateca) por participar en tres cárteles que durante años se repartieron los contratos públicos para suministrar alimentos a hospitales (algunos de ellos militares), residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército, como la Academia General Militar de Zaragoza, entre otros (S/0016/21).
Los órganos de contratación de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón pusieron en conocimiento de la CNMC y del Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón posibles indicios de colusión en varias licitaciones. La CNMC inició una investigación y realizó inspecciones en las sedes de varias distribuidoras de alimentos en marzo y septiembre de 2022. En diciembre de ese año, incoó un procedimiento sancionador a varias empresas, que amplió en julio de 2023.
El primer cártel, formado por Plataforma Femar, S. L. (Femar), su filial Acacio, S. L. (Acacio), Serviline Foods, S. L. (Serviline) y Asesores Llangon, S. L. (Llangon), se repartió las licitaciones para suministrar alimentos a colectividades dependientes de organismos públicos y privados desde noviembre de 2015 hasta agosto de 2021. El segundo cártel, formado por Femar y Leonesa de Patatas, S. L. (Leonesa), afectó a la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE). En concreto, a los contratos para varios centros penitenciarios desde enero a marzo de 2022. El tercer cártel, formado por Femar, Hermanos Vidal, S. L. (Hnos. Vidal) y Frutícolas Ateca, S. L. (Ateca), afectó también a centros penitenciarios del TPFE desde febrero a marzo de 2022.
El primer cártel —Femar, su filial Acacio, y Serviline— concertó una “bolsa conjunta de beneficios” y operó gracias al rol de facilitador de Llangon —empresa de asesoramiento para concursos públicos sin volumen de negocio en el mercado afectado—. La bolsa funcionaba mediante una suerte de subcontrataciones entre las empresas. Estas estaban prohibidas en la mayoría de los pliegos o no se comunicaban al órgano de contratación. Eran un subterfugio para compensarse el reparto de los lotes y cumplir con un reparto de los beneficios al 50%. Las empresas también intercambiaron información comercial sensible sobre sus márgenes de beneficio en los contratos; los precios de oferta a un cliente privado; su zona de influencia para operar; las licitaciones a las que se iban a presentar e, incluso, la contraseña y el certificado digital para acceder a la plataforma de contratación.
El segundo y tercer cártel consistió en dos acuerdos anticompetitivos que alcanzó Femar con Leonesa y dos empresas vinculadas entre ellas: Hnos. Vidal y Ateca, respectivamente. En el primer acuerdo, cuando los órganos de contratación les invitaban a participar en el concurso, Femar acordó con Leonesa la presentación recíproca de ofertas de cobertura, repartiéndose los centros penitenciarios en función de su localización. En el segundo acuerdo, Femar también acordó con Hnos. Vidal y Ateca, vinculadas al tener los mismos administradores, presentar ofertas de cobertura para repartirse los contratos.
En total, las multas impuestas a las empresas ascienden a 3,13 M€, por tres infracciones del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC). Por su parte, las multas a los directivos ascienden a 176.100 € en aplicación del artículo 63.2 de la LDC.