No es lógico que un sector tenga el 90% de su negocio fuera de su país, pero esto es lo que sucede con la ingeniería, que en los últimos años ha visto cómo se duplicaba su presencia en el exterior. Las ingenierías prácticamente se han visto “empujadas” al extranjero fruto de la caída de la licitación pública y las continuas subastas en la contratación en España.

Para el primer problema la solución no es fácil, ya que la reducción del déficit será una constante en los presupuestos del Estado en los próximos años y es habitual que las partidas de ministerios como Fomento sean las más perjudicadas, por lo que las cantidades licitadas seguirán siendo inferiores a las de los años precrisis. La colaboración público-privada viene a ofrecer una alternativa diferente, pero en realidad no es la panacea; suma pero en ningún caso se trata de un sustitutivo de la inversión pública.

Sin embargo, el escenario sí cambia con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que puede acabar con las subastas en la contratación. El nuevo marco legal resultante invierte la relación de fuerzas entre precio y calidad a favor de la segunda, lo que da esperanzas de que se ponga fin a la ingeniería low cost. A partir del 8 de marzo, pasarán a la historia pliegos como los de la Comunidad de Madrid o AENA, donde el precio supone el 100% de la puntuación de la oferta y ser el más barato equivale a llevarse el contrato, es decir, subasta en toda regla. Ahora el precio nunca puede superar el 49% de la valoración de la oferta y la calidad nunca bajar del 51%.

La mitad del reto está conseguido. Ahora queda la otra mitad, la de los pliegos de contratación, la de hacer pedagogía con las Administraciones para que no hagan una apuesta de mínimos y adjudiquen contratos otorgando un 51% a la calidad y un 49% al precio. Debemos aprovechar el nuevo marco legal para situarnos al nivel de los grandes organismos internacionales (Comisión Europea, Banco Mundial, etc.), que puntúan las ofertas otorgando a la calidad un 80% y al precio un 20%. Si ellos lo hacen, ¿por qué en España no podemos hacer lo mismo?

Adiós a viejas ideas y fórmulas

Tradicionalmente en España se ha considerado que lo único objetivo en la contratación de servicios de consultoría de ingeniería era el precio, pero basta un vistazo a los pliegos de los principales organismos internacionales para tener ejemplos de cómo puntuar aspectos como experiencia, recursos humanos y técnicos, etc.

Al mismo tiempo, esos pliegos también nos dan pistas de cómo evaluar la oferta económica de una manera más “justa” y que podríamos importar a nuestro país. Así, si bien se mantendría la práctica de puntuar mejor a quien oferta más barato (siempre que la oferta sea técnicamente aceptable y no esté incursa en presunción de temeridad), no se debería poder dar cero puntos a las ofertas que se ajustan al presupuesto base de la licitación, que es una cantidad fijada por los propios técnicos de la Administración.

En los pliegos de los principales organismos internacionales, en ningún caso se otorga cero puntos a la propuesta económica de quien dice que va a hacer el trabajo por el precio propuesto por la Administración. De hacerlo, equivale a rechazar la oferta de facto, pues es prácticamente imposible compensar ese cero con lo obtenido en la puntuación de la parte técnica.

Por tanto, es necesario que se aplique en España esta fórmula de valoración de las ofertas económicas, pues se ha demostrado útil, efectiva y eficiente en su aplicación por parte de los principales organismos internacionales. Las ingenierías no pedimos inventar nada, “ya está todo inventado”, sólo hace falta aplicarlo y ahora las administraciones tienen la oportunidad de llevarlo a la práctica gracias a la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Si ya no hay ataduras legales, ¿por qué constreñir?

La gran olvidada de la contratación

Además de los pliegos, no olvidemos que hay modelos de contratación que precisamente apuestan por la calidad, como el concurso restringido. Es un término que puede llevar a confusión invitando a pensar en una restricción a la libre concurrencia, pero nada más lejos de la realidad, pues es un concurso con una fase de selección previa a la que se puede presentar cualquiera.

Esta es una apuesta por la calidad por varias razones. La primera es que, tal y como se hace actualmente, la Administración debe analizar 40-50 ofertas en cada licitación, y esto en la práctica es inviable. En cambio, con el concurso restringido se seleccionan entre cuatro y ocho empresas como las más idóneas y de acuerdo a criterios objetivos, para que en la segunda fase las empresas seleccionadas presentan ofertas. La parte técnica la valora y puntúa un comité de expertos y el contrato finalmente se adjudica a la oferta económicamente más ventajosa, que no es necesariamente la más barata. A la calidad se le otorgan 80 puntos y al precio 20, precisamente como pedimos en el sector.

Por suerte, este modelo está recogido en la Ley de Contratos del Sector Público, pero es el gran olvidado y apenas se usa ¿por qué no utilizarlo?

En definitiva, España tiene a su alcance ahora las fórmulas y los modelos de contratación que permitirían adjudicar contratos por servicios de ingeniería apostando por la calidad, lo que se traduciría en proyectos mejor estudiados y diseñados, minimizar “sorpresas” en la fase posterior de las obras (los temidos sobrecostes), etc. No nos diferenciemos del mundo más desarrollado en la manera de abordar el futuro del país. Diferenciémonos en todo caso con nuestras capacidades y nuestros profesionales. Ahí somos de los mejores. En lo otro, queda camino por recorrer y está en manos de la Administración lograrlo.