Los fondos que se disponen a tomar el control de la Compañía Española de Laminación (Celsa) siguen avanzando en su hoja de ruta. El grupo de acreedores liderado por Deutsche Bank y Attestor firmó ante notario, el pasado jueves, la conversión de la deuda de la compañía en acciones y, según han informado diversos medios, han confirmado durante el fin de semana el nombramiento de Jordi Cazorla Pujalte como nuevo CEO del conglomerado siderúrgico. Cazorla, actualmente director general en el sur de Europa del grupo de packaging DS Smith, ocupará su cargo a partir de 2024, por lo que Sergio Vélez, responsable de FTI Consulting España -firma que los fondos contrataron hace meses para recibir asesoramiento en su desembarco en Celsa-, ejercerá en el puesto de forma provisional.
Ingeniero industrial, Jordi Cazorla cuenta con una larga trayectoria profesional, sobre todo en empresas industriales. Durante ocho años, hasta su fichaje por DS Smith, estuvo al frente de la multinacional belga de equipos para el cuarto de baño Ideal Standard. Anteriormente, había trabajado en American Standard, General Electric y Hewlett Packard. En su fichaje como nuevo consejero delegado de Celsa ha intervenido la firma de cazatalentos Spencer Stuart, que también colabora con los fondos en la búsqueda de consejeros independientes.
Como informábamos el pasado viernes, los acreedores continuaban avanzando en la configuración del consejo que se va a encargar de reflotar Celsa tras la sentencia del Juzgado de lo Mercantil Número dos de Barcelona y el visto bueno del Gobierno, después de adelantar en el mes de septiembre la elección de Rafael Villaseca, antiguo consejero delegado de Naturgy, como presidente no ejecutivo. Además del nombramiento de Cazorla, los fondos han confirmado la incorporación de Daniel Alaminos, abogado del Estado y ex secretario general de Abengoa, como nuevo secretario del Consejo, mientras que también han nombrado como vocales independientes a María Esther Alfonso Evisa, Antonio Arenas Rodrigañez, Francisco Javier Díaz-Gálvez de la Cámara y Luis Aurelio Martín Bernardo.
Martín y Díaz-Gálvez son fundadores de la consultora Abencys, con amplia trayectoria en reestructuraciones empresariales y grandes concursos de acreedores, mientras que Evisa y Rodrigañez se encargaron de la refinanciación y reestructuración del grupo de acero Gallardo. Otro nombre que ha sonado con fuerza, pero que no se ha confirmado por el momento, es el de Hilario Albarracín, socio de la consultora y auditora KPMG en España desde 1996 y su presidente entre 2016 y 2021.
Los nuevos dueños de Celsa han acordado esta batería de nombramientos para la nueva etapa de la siderúrgica sin esperar a la autorización del Gobierno. Según han explicado a Expansión fuentes del proceso, los fondos consideran que lo que se ha implementado no requiere este visto bueno dado que ningún inversor no comunitario adquiere una participación en el capital social del 10% o superior tras la homologación del plan de reestructuración.
Asimismo, Deutsche Bank, SPV, Cross Ocean, Sculptor, Goldent Tree, Capital Group y Attestor también han tomado ya otras medidas. Además de reducir la deuda en 1.400 M€ mediante la capitalización de créditos, los acreedores han ampliado en cinco años, hasta octubre de 2028, el plazo de vencimiento de la deuda restante y se ha alcanzado un acuerdo con la banca para la extensión, también por cinco años, de líneas de circulante por importe de 525 M€.
Denuncian un blindaje millonario de directivos
Por otro lado, Expansión ha informado de que los fondos han presentado un escrito ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona denunciando que han descubierto que la cúpula de Celsa acordó un blindaje millonario en pleno proceso de reestructuración. Según los acreedores, la firma aprobó en diciembre de 2022 la inclusión de una cláusula en los contratos de nueve altos directivos que prevé que, en caso de producirse un cambio en el control de la siderúrgica, éstos tendrían derecho a resolver sus contratos con unas importantes indemnizaciones. Estas compensaciones oscilarían entre 0,5 y 4,5 M€, por lo que los pagos ascenderían a alrededor de 15 M€ en total.
Los nuevos dueños de Celsa señalan que esta información no se puso de manifiesto durante el procedimiento y el posterior juicio y que tampoco era conocida por Lexaudit, el experto en reestructuración del caso nombrado por el juzgado. En el escrito de los fondos no se menciona el contrato del ya expresidente, Francesc Rubiralta, que iría por otro lado.
Estas cláusulas todavía no han sido activadas, pero los directivos podrían decidir hacerlo ahora que ya se ha producido formalmente el cambio de control. De ahí que los acreedores hayan pedido al juez que de forma preventiva las deje sin efecto de acuerdo con la Ley Concursal. Los nuevos dueños tienen intención de mantener a una parte del actual equipo directivo, ya que una salida de altos cargos dejaría a la compañía descabezada.
El grupo Celsa, con sede en el municipio barcelonés de Castellbisbal, consolidó una facturación superior a los 6.000 M€ en el ejercicio 2022 y obtuvo un beneficio operativo de 897 M. Este resultado supuso el mejor dato histórico de la compañía, que emplea a más de 10.000 personas.
En su proceso de toma de control, los acreedores liderados por Deutsche Bank y Attestor todavía tienen pendiente una de las medidas acordadas con el Gobierno para que éste no obstaculizara el plan de reestructuración mediante la llamada ley antiopas: encontrar un socio industrial que adquiera el 25% del capital de Celsa en un plazo de seis meses desde el desembarco efectivo en la siderúrgica. Dado que éste se produjo la pasada semana, los fondos tienen como fecha límite el próximo mes de mayo. Entre los posibles interesados, los medios apuntan a Sidenor, Cristian Lay (que ya rescató al Grupo Gallardo Balboa) o Megasa.
