El proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, en fase de tramitación, tendría, si se reproduce en los términos conocidos hasta ahora, un alto impacto social y económico en el sector de alimentación y bebidas, los consumidores y la economía española, poniendo en riesgo puestos de trabajo y empresas, según datos de un informe realizado por Analistas Financieros Internacionales (AFI).

El informe prevé el posible cierre de hasta 2.400 compañías, que representan el 7,1% del total de las empresas del sector, debido a los nuevos objetivos de reutilización de envases y de reducción del 50% de botellas de plástico de un solo uso para bebidas a 2030. Estos objetivos conllevan un incremento de los costes e inversiones inesperadas para el sector que en el medio y largo plazo, a diferencia de otros desembolsos, no se traducirán en una mejora en los ingresos o los márgenes. Las pequeñas y medianas empresas y las compañías ubicadas en el medio rural, serían en general las más afectadas al tener menos medios para afrontar las inversiones necesarias y menos margen para asimilar las subidas de costes y repercutirlas.

Solo en términos de empleo, estima la industria, su aplicación amenaza el mantenimiento de 26.500 puestos de trabajo en el conjunto del sector de alimentación y bebidas, el 6% del total de este sector, según datos de AFI, que estima que los costes para la industria de alimentación y bebidas de la nueva normativa representarían alrededor de 7.040 M€.

La propuesta del Gobierno, actualmente en tramitación, representa a juicio del sector un `viraje normativo´ respecto a la ruta marcada por la Unión Europea y en algunos aspectos excede las directivas europeas e impondría inversiones de 6.270 M€ en una década para adaptarse a los nuevos objetivos de reutilización y hacer frente a la reducción del 50% de botellas de plástico de un solo uso para bebidas a 2030.

El impacto de este montante se divide en 4.670 M€ asociados a los nuevos objetivos de reutilización y 1.600 M€ a la reducción del 50% de botellas de bebidas de plástico de un solo uso. A estos datos hay que añadir el incremento del coste de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), de 490 M€, y el anunciado impuesto al plástico virgen, otros 300 M€, medidas ambas consecuencia de la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, actualmente en fase final de su tramitación.

“Las medidas incluidas en el Real Decreto llegan en el peor momento -con la inflación disparada y un ritmo de recuperación más lento-, merman la competitividad de la industria y ponen freno a la necesaria recuperación económica del país. Hacemos un llamamiento al diálogo con el sector para identificar soluciones viables y de consenso”, explica Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB.

Peligra la competitividad

“El sector precisa de iniciativas que incentiven la actividad y para ello se necesitan medidas equilibradas y proporcionales. Es el momento de trabajar para mejorar la competitividad de la industria -que genera anualmente más de 24.000 M en valor añadido y más de 430.000 empleos- de manera que podamos contribuir a la recuperación del consumo. Con el borrador de Real Decreto pierden el tejido industrial y las pequeñas empresas y pierden los ciudadanos”, aspectos de los que ya tuvo oportunidad de avanzar datos en la ponencia que impartió Paloma Sánchez Pello, Directora de Competitividad y Sostenibilidad de la FIAB en el arranque del VI Encuentro Alimarket de Soluciones de Envasado para Gran Consumo que se celebró el pasado mes de febrero.

Las reflexiones se trasladan también al ámbito de la sostenibilidad. `El compromiso del sector con la sostenibilidad y la economía circular es firme y unánime, pero se requiere de una transición justa, como se está planteando en otras industrias´, destaca García de Quevedo. A este respecto, la industria insiste en la necesidad de que la sostenibilidad y la competitividad de las empresas vayan de la mano. El sector trabaja en estrategias y modelos de producción que permiten la prosperidad económica con criterios ambientales y sociales y cuenta con un importante bagaje e iniciativas para avanzar hacia la Economía Circular y hacer un uso racional de los recursos, favoreciendo a la vez la sostenibilidad de las empresas y el empleo.

Por su parte, Diego Vizcaíno, socio de AFI, concreta: “El impacto en el PIB de estas medidas sería de hasta 1.560 M€ por el Real Decreto, que alcanzarían los 1.640 M -un 6,3% del total del sector- si se suman los efectos derivados de la Ley de Residuos.” De acuerdo a sus datos el impacto se notará especialmente en empresas de tamaño medio de Cataluña, Andalucía y Castilla y León, pero también tendría un efecto grave en el consumidor, que notaría un impacto equivalente a 780 M€, básicamente por los efectos de la Ley, algo que notarán especialmente en las regiones de España donde se dedica más porcentaje de la renta a la cesta de la compra y los hogares compuestos por unidades familiares más jóvenes o con hijos menores de 15 años.