El ministerio de Transportes ha firmado, en la madrugada del viernes, un nuevo acuerdo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que concreta las ayudas anunciadas en el anterior pacto, cerrado el pasado lunes, y que busca poner fin definitivamente al bloqueo actual del transporte por la huelga que llega a su duodécimo día. Una huelga que está produciendo el desabastecimiento de productos en establecimientos de alimentación y hostelería, el cierre de fábricas de la industria alimentaria y la interrupción de la actividad en sectores como la construcción, la automoción y los puertos.
El acuerdo supone una dotación al sector de transporte por carretera cuantificada por el CNTC en 1.125 M€, para compensar el incremento del precio de los combustibles. E incluye como principales medidas una bonificación de 20 céntimos por litro o kg de carburante, que se aplicará en el momento del repostaje desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, y ayudas directas de 450 M€ para las empresas de transporte de mercancías y de viajeros en función del tipo de vehículo.
Sin embargo, la organización promotora del paro, la Plataforma de Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, ha decidido no desconvocarlo. Inicialmente por quedar al margen de las negociaciones, y en todo caso por entender que la propuesta no cubre sus demandas, ante una coyuntura que continuaría haciendo trabajar a sus afiliados por debajo de costes, en una cadena de subcontratación del transporte en la que se sitúan en el último eslabón. Esta asociación, que agrupa a pequeños transportistas, no forma parte del CNTC y no tendría representación oficial ante la Administración, pero considera que solo ella esta autorizada para poner fin a las movilizaciones. Por lo pronto, en la mañana del viernes ha tenido lugar una manifestación ante el ministerio de Transportes encabezada por la Plataforma, que mantiene el paro a pesar de haber sido recibida ya en la tarde por la ministra, Raquel Sánchez, una de sus reivindicaciones. Su solicitud principal se centra en establecer un control sobre los precios del transporte que impida trabajar bajo pérdidas. Esto formaría parte del paquete aprobado, a través de un proyecto de ley similar al de la cadena alimentaria, que se presentaría antes de julio, pero desde Plataforma reclaman una reglamentación transitoria que lo contemple, como última reivindicación para retirar el paro indefinido.
Ahora está por comprobar si la consecución del acuerdo entre el Gobierno y los representantes oficiales del CNTC termina por desincentivar el seguimiento de la huelga por los transportistas de toda España, en particular por parte de los autónomos y pequeñas empresas. Mientras tanto, las organizaciones del gran consumo "instan a los convocantes a acabar con un paro que está paralizando el país", y consideran que ya no hay ningún argumento que justifique su continuación. "Las ayudas aprobadas son superiores a las adoptadas en otros países europeos y permiten afrontar con garantías un contexto de la máxima complejidad y atajar los problemas coyunturales que han afectado especialmente a un sector clave para la cadena de suministro, al conjunto de la economía y a los consumidores", señalan en un comunicado. "Estas medidas, junto con algunas de las que ya habían quedado recogidas en el Real Decreto Ley aprobado a principios de mes, contribuirán a impulsar un modelo económicamente sostenible para toda la cadena de transporte, así como a la viabilidad de los distintos modelos de negocio de un sector claramente atomizado", argumentan las asociaciones de gran consumo, que esperan que tras el acuerdo se abra un periodo en el que todas las partes de la cadena trabajen y colaboren "para mejorar también las cuestiones más estructurales del sector".
El pacto alcanzado, que será presentado por los miembros de Comité a sus distintas asociaciones, va a ser refrendado en breve por todas ellas para su entrada en vigor, "de manera que se pueda recuperar la normalidad en un sector estratégico para España", comunican desde el ministerio.
Los acuerdos incluyen las siguientes medidas:
1. Bonificación mínima de 20 céntimos por litro o kg (gas comprimido) de combustible (15 céntimos del presupuesto público y un mínimo de 5 céntimos de las petroleras). Se aplicará al gasóleo, gasolina, gas y adblue. De forma que, a modo de ejemplo, un camión de gasóleo ahorraría más de 700 € al mes. Vigencia hasta el 30 de junio, prorrogable según evolucionen los mercados. Esta bonificación supondrá más de 600 M€ para el sector del transporte. Se solicitará a la CNMC que supervise que esta bonificación se traslada en los precios minoristas.
2. Ayudas directas por un importe de 450 M€ para las empresas de transporte de mercancías y de viajeros en función del tipo de vehículo. La cuantía será 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias). La cuantía tendrá un límite de 400.000 euros por empresa.
3. Ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años. Ampliación del periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO en 6 meses y nueva línea de crédito avalado por el ICO con 12 meses de carencia.
4. Duplicar el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista, que pasará de 10 a 20 M€ en 2022. Estas ayudas son de 30.000 € por autónomo.
5. Antes del 31 de julio el ministerio presentará al CNTC un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector, para posteriormente presentarlo al Consejo de Ministros.
6. Adelantar la aprobación de otra reclamación histórica del sector, como es la devolución mensual del gasóleo profesional (4,9 céntimos por litro de combustible), en lugar de trimestral como está actualmente, yendo más allá de los compromisos asumidos en diciembre de 2021. Concretamente, se producirá el pago mensual del combustible profesional desde abril y se pondrá en marcha un sistema de devolución anticipada mensual con regularización anual.
7. Céntimo sanitario: se acelerará la devolución reforzando los medios para ello.
Este acuerdo complementa las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo como son la prohibición de la participación del conductor en la carga y descarga, la reducción de los tiempos de espera de dos horas a una o la cláusula obligatoria de revisión de los precios en función de la evolución del coste del combustible, así como la Ley de lucha contra la morosidad, que sanciona los pagos a más de 60 días en el sector del transporte, y que se estableció el año pasado.
Según los cálculos de la patronal logística UNO, serán 260.000 los camiones y 115.000 las furgonetas las que se beneficiarán de las ayudas de 1.250 € y 500 € respectivamente acordadas con Gobierno. Así, el 85% de la dotación de 450 M del citado paquete de ayudas se destinarán al transporte pesado y a las furgonetas de reparto. A este respecto desde la patronal logística consideran que extender las bonificaciones a los profesionales del sector del reparto (furgonetas con tarjeta de transporte de menos de 3,5 toneladas) supone “un gran e importante avance. Más aún en un momento en el que, impulsado por el comercio electrónico, el transporte de última milla se ha convertido en pieza clave de nuestra economía”, ha afirmado su secretario general, Francisco Aranda.
Desde el Gobierno se explica que estas medidas abarcan un conjunto completo con cuatro objetivos principales: reducir de manera inmediata el precio de los combustibles usados por los transportistas; apoyar de forma rápida y decidida a las empresas del sector, incluyendo líneas de ayuda directa y mecanismos que garanticen la liquidez de las mismas; medidas sociales dirigidas a garantizar protección social para los autónomos; y medidas que sigan avanzando para reequilibrar las asimetrías existentes entre los actores del sector del transporte de mercancías por carretera, para mejorar la posición y competitividad de este sector.
Y se remarca que el nuevo pacto se añade, además de al Decreto-Ley, al resto de medidas que no requieren su tramitación normativa, como el impulso por parte del ministerio de las subvenciones para la construcción y adecuación de aparcamientos seguros y con servicios disponibles para los conductores, con al menos 20 M€, cuya convocatoria está prevista próximamente, o el diseño de un plan de conversión progresiva de los aparcamientos de vialidad invernal a aparcamientos seguros.
Además del real decreto ley anterior, y dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el Gobierno aprobó el pasado año la línea de ayudas para la renovación del material rodante dotada con hasta 400 M€, para lo que el ministerio de Transportes ya trasfirió en 2021 a las comunidades y ciudades autónomas los primeros 174 M€ que ya han permitido que varias comunidades autónomas ya hayan iniciado las convocatorias (País Vasco, Melilla, Cataluña, La Rioja, Castilla La Mancha, Baleares). Estas ayudas recogen tanto ayudas para achatarramiento de vehículos, como ayudas para compra de nuevo material como o implantación de infraestructura de recarga.
Y todo ello junto a las próximas ayudas previstas para digitalización del sector, capacitación digital, renovación de vehículos menos contaminantes, etc., que forman también parte del plan de recuperación.
Desde el ministerio se ha querido trasmitir también "el compromiso del Gobierno con el sector, poniendo en valor el amplísimo plan de ayuda presentado hoy que se añade a las medidas ya aprobadas a lo largo de la presente legislatura, destacando también que España implantará el paquete de medidas en el mismo plazo que los países de nuestro entorno, teniendo en cuenta que el transporte profesional cuenta ya actualmente con la fiscalidad más baja de Europa".