Antes del estallido de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, el sector de atención a la dependencia vivía un momento dulce en cuanto a inversión, planes de expansión, interés de gestores internacionales y de empresas de capital, etc. Parece claro que, a corto plazo, las cuentas y el negocio de los gestores se verán lastradas por la situación vivida durante estos meses. Pero ¿qué consecuencias podría tener en el mercado de atención a la dependencia a medio y largo plazo?. ¿Los inversores podrían replantearse sus estrategias y apostar pos sectores menos “expuestos” a este tipo de situaciones?

Ante estas cuestiones, Patxi Amutio, director general de Sanitas Mayores, tiene una opinión clara y es que “el perfil de los inversores a nivel global no va a cambiar, ya que la mayoría buscan rentabilidades seguras a medio y largo plazo y, por tanto, seguirán interesados en industrias que lo aseguren”. Además, continúa Amutio, “el cuidado de las personas mayores no va a dejar de ser un sector de futuro, por la propia esperanza de vida en España y por el envejecimiento de la población”.

De la misma opinión es Jorge Guarner, presidente ejecutivo de Healthacare Activos, quien considera que “las necesidades de las personas mayores están ahí y las proyecciones de futuro nos dicen que va a haber una demanda creciente”. “Es un tema no planteable y para el que no existe alternativa”, concluye Guarner.

En la misma línea, Jesús Cubero, secretario general de AESTE, asegura que “España es actualmente el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida y en breve será el primero. Esto implica que necesitaremos seguir construyendo nuevas plazas residenciales y, si somos capaces de reforzar el sector y de ofrecer las condiciones adecuadas para generar nuevos puestos de trabajo, estoy seguro de que el inversor privado lo seguirá viendo interesante. Necesitamos la iniciativa empresarial privada para construir el futuro que necesitan los mayores”.

Javier Romero, director general de Emera en España, considera que “al margen e los problemas económicos que se están generando, poco cambiará con respecto al interés de los inversores en el sector. Es cierto que estamos sufriendo en primera línea los efectos de la pandemia y que esto nos hará daño, pero ¿qué sector no está afectado por la situación? Si nos comparamos con la hostelería, el turismo, el transporte o el textil comprenderemos que no hemos sido, ni de lejos, los más perjudicados”.

Por su parte, José María Cosculluela, presidente ejecutivo del grupo Vitalia, se muestra prudente y cree que “toda la economía va a verse muy afectada por esta crisis inédita en la historia reciente. Pero todavía es pronto para poder realizar un análisis del impacto que pueda tener sobre las inversiones en ese sector. Sin duda, la exposición a la opinión pública con una intensidad como la vivida puede condicionar estas inversiones. Pero el sector está resistiendo y puede mostrar también una gran capacidad de reacción”.

Mientras, César Antón, director general de Sergesa Asiste, cree que dependerá del objetivo del proyecto en su conjunto. “Si se trata de un proyecto meramente inversor, con los únicos indicadores de número de camas, edificios o volumen, puede que se resienta. Por contra, si es un proyecto con un buen modelo de atención, con visión de actualidad y de futuro y con buena localización territorial, en principio no debería resentirse”.

De la misma opinión es Ángel Giró, director general de Korian en España, quien opina que “hay muchos tipos de inversores y, dependiendo de los riesgos que estén dispuestos a asumir, pueden cambiar sus preferencias de inversión o no”. Giró considera que “los inversores-operadores mantendrán su estrategia de inversión, puesto que apuestan por una gestión profesionalizada y tienen miras a largo plazo”.

Por su parte, Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED, cree que los inversores podrían esperar a que se aclaren las incertidumbres generadas por la crisis sanitaria. “Solo cuando las expectativas vuelva a estar asentadas y bien forjadas, podría recuperarse el momento dulce en el ámbito inversor. Es decir, cuando el mercado anticipe con certeza y sin dudas cómo va a ser el futuro del sector”.

Pendientes de la evolución de la demanda y los planes de crecimiento

Otro de los aspectos que podría verse damnificado a corto plazo es la demanda de servicios residenciales por parte de los usuarios y sus familiares. Ello condicionaría, casi inevitablemente, los planes de expansión y crecimiento que han diseñado los principales operadores, para dar respuesta a las necesidades crecientes del sector.

En este sentido, Jorge Guarner se muestra prudente y cree que “a corto plazo, hasta que no se defina el nuevo modelo de atención y acreditación, puede haber una cierta ralentización del mercado. Pero, a 12 meses vista, creo que habrá que cubrir la demanda inevitable que tendremos”. En cuanto a esta demanda, Guaner cree que esta situación va a provocar que “se aclare el mercado en el sentido de que no todas las residencias podrán atender los tres grados de dependencia que tenemos ahora mismo marcados en la Ley y ello conllevará una selección por la profesionalidad del operador”.

En la misma línea, Jesús Cubero también cree que “se trata de que el ciudadano pueda elegir libremente la residencia que necesite entre una amplia gama y dentro de una garantía de calidad”. Por lo que respecta a los planes de crecimiento, considera que “es pronto para hablar de la situación que quedará tras esta crisis sanitaria, pero necesitamos que se mantenga la construcción de nuevas plazas residenciales, porque hay muchas personas mayores que necesitan ser cuidadas. En manos de nuestra sociedad está el poder ofrecer a toda esta generación la atención sociosanitaria que necesitan, tras toda una vida de sacrificios y duro trabajo”.

Patxi Amutio asegura que, en el caso de Sanitas Mayores “vamos a cumplir con los planes y proyectos en los que veníamos trabajando. Además, de forma paralela a estos proyectos, estamos desarrollando un nuevo modelo residencial, cuya propuesta tenemos ya muy avanzada y que esperamos anunciar en un corto periodo de tiempo”.

Aunque también se mantendrán los planes proyectados por el grupo Emera, Javier Romero considera que “nos enfrentamos a un ciclo económico muy complicado y esto podría afectar. Aún así, seguiremos siendo un servicio necesario para todas las personas que hoy o en el futuro se encuentran en una situación de dependencia y eso no creo que cambie”.

También en relación a la demanda, José María Cosculluela entiende que “se va a producir una contracción a corto plazo, sobre todo por la grave crisis económica que vamos a sufrir. A medio y largo plazo, sin duda, se recuperará la demanda, ya que está condicionada a la evolución demográfica de la sociedad, que marca una tendencia a la prolongación de las expectativas de vida y las dificultades para asegurar en el propio domicilio los cuidados específicos que las personas de edad avanzada pueden necesitar". En este sentido, también Vitalia Home mantiene sus planes de crecimiento y expansión, centrados ahora en la construcción de una treintena de nuevas instalaciones.

Ignacio Fernández-Cid, por su parte, sí que espera que “los planes y proyectos de mayor entidad puedan ser objeto de revisión con respecto a su viabilidad, en especial los que supongan una mayor movilización de recursos”. Sin embargo, prevé que “en términos generales no va a haber una contracción significativa de la demanda. Por una parte, los datos demográficos y la pirámide poblacional del país muestran un potencial crecimiento de la demanda; y por otra parte, el servicio que prestamos tiene una naturaleza asistencial y esencial, a cuya prestación no es tan fácil renunciar. Además, los usuarios y sus familiares son los principales prescriptores de las residencias y comprenden que las peores imágenes que se han dado estos días no responden a la realidad del sector”.

En la misma línea, César Antón cree que “quienes han probado, se han informado o conocen un servicio de atención y cuidados, como puede ser el residencial, son quienes mejor lo valoran porque fundamentalmente va relacionado con las necesidades que tengan para ellos o sus familiares. Obviamente, no toda la necesidad se transforma en demanda, pero mientras exista la necesidad y no haya alternativas claras nuevas y diferentes, la opción de decidir estara en manos de quienes necesitan ser atendidos”.

¿Es lícito ganar dinero gestionando servicios sociales?

También a raíz de la crisis del Covid-19, no solo el modelo asistencial se ha puesto en entredicho. En los últimos meses, y según aseguran algunos profesionales, con la necesidad de buscar un chivo expiatorio ante la gravedad de la situación que hemos vivido, han surgido dudas sobre el propio modelo de gestión de los servicios de atención a la dependencia. Así, ha empezado a extenderse una corriente de opinión que apuesta por la “desmercantilización” de los servicios sociales en general y de la atención a la dependencia en particular.

En este sentido, Juan José García, secretario general de Lares, la patronal del Tercer Sector, es tajante y opina que “venimos advirtiendo desde hace tiempo de la mala imagen del sector, pero una parte del ámbito lucrativo ha estado centrada en el desarrollo de su negocio y la venta de sus expectativas y al final uno recoge lo que siembra: desconfianza”. García es consciente de que “es evidente la falta de apoyo económico al sistema de dependencia y esto lastra la capacidad de hacer y de dignificar, pero este discurso es muy difícil de creer cuando hay ánimo de lucro y una compra o construcción continuada de centros, servicios e instalaciones. Duele mucho decir esto, pero es así”.

Esta opinión vertida desde la patronal del Tercer Sector, contrasta, como parece lógico, con la de los operadores empresariales. “No se puede desmercantilizar lo que no está mercantilizado”. Con está máxima resume su opinión al respecto César Antón. Bajo su punto de vista, “este es un sector de servicios de atención y cuidados a personas y familias muy importante para nuestra sociedad, para la conciliación familiar, la convivencia y la economía. El debate de enfrentar lo público y lo privado en un sector en el que ambas partes llevan conviviendo más de 25 años no solo es antiguo,sino que está totalmente superado. Quien quiera reabrirlo no quiere contribuir al avance y compromiso que requiere nuestra sociedad en este momento”.

También considera que es un debate estéril e injusto Javier Romero, ya que “hoy en España, el 75% de las camas están en manos privadas y no es posible que la Administración asuma el coste y el plazo de sustituir a los actuales propietarios. Además, es un debate injusto porque está demostrado que la calidad de los servicios no depende de la titularidad, sino de la profesionalidad del operador”.

En la misma línea, Jorge Guarner opina que “Lo importante son las personas que atendemos y como las atendemos. La regulación y su cumplimiento debería exigirse a todas las residencias, independientemente de quien sea el titular de las instalaciones, es decir, titularidad pública, privada, mercantiles, fundaciones, de entidades con o sin ánimo de lucro...”

Ignacio Fernández-Cid considera, por su parte que “las voces que defienden que el cambio de modelo se reduce a sacrificar lo privado hacen uso de un argumento demasiado simplista, más ideológico que racional e, incluso, de cierta bajeza, si se expone trayendo a colación lo peor del drama que hemos vivido por el coronavirus”.

José María Cosculluela, opina que “estamos hablando de un sector muy intensivo en capital y muy especializado, por lo que no creemos que ni las administraciones públicas ni el Tercer Sector esté capacitado para crear una alternativa real, capaz de competir en condiciones de calidad y precio con las entidades especializadas”.

Esta misma opinión es compartida por Ángel Giró que argumenta que “la calidad es la misma o superior en los centros privados y la competitividad hace mejorar la calidad”. Un dato que expone Giró es que “el coste por cama en los centros públicos es tres veces superior que en los centros privados, sin que, por ello, los centros públicos den mejor calidad. Esto quiere decir que la gestión es más eficiente y que las arcas púbicas no podrían asumir el coste”. Además, “hay que resaltar que el sector privados se ha sometido siempre a la regulación marcada por la Administración y que generamos un importantísimo número de puestos de trabajo, con un empleo de calidad, estable y claramente femenino”.

En la misma línea, Jesús Nogales, director de Operaciones de Clece, considera que “el debate no debe ser quién presta el servicio, sino cómo lo podemos mejorar. Para ello, es necesario que la Administración establezca medidas de control y de evaluación públicas y transparentes de los operadores durante la prestación del servicio”. Nogales propone “caminar hacia un sistema independiente dirigido por la Administración para evaluar la calidad de los servicios, similar al que tiene el Reino Unido con los servicios sanitarios y asistenciales, a través de CQC (Care Quality Comission).

Por su parte, Jesús Cubero opina que “el ciudadano es el que genera el derecho a ser atendido en base a unas condiciones de calidad”. Así, Cubero considera que “nuestra principal preocupación es ser capaces de ofrecer unos servicios de calidad con un coste eficiente. No puede ser que una residencia de calidad similar nos cueste el doble a la sociedad si se trata de un servicio público, porque eso significa que estamos atendiendo a la mitad de las personas a las que se podría atender”.

Patxi Amutio considera que “no se trata de modelos excluyentes, sino complementarios y se debe trabajar en dar una oferta tanto pública como privada de calidad y variada, que de respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos”. Amutio opina que “un sector residencial público robusto, con capilaridad y profesionalizado es un aliado perfecto de un sector residencial privado para, entre los los, dar respuesta a toda la ciudadanía”.