El "Real Decreto-ley para la Nueva Normalidad por el que se establecen medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19", aprobado hoy por el Consejo de Ministros y que entrará en vigor cuando termine el estado de alarma el próximo 21 de junio, establece que "en cuanto a los centros residenciales de personas mayores o con necesidades especiales, las administraciones competentes deberán garantizar la coordinación de estos centros y disponer de planes de contingencia por COVID- 19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores, y sus contactos".

En concreto, en su artículo 9, que hace referencia a viviendas tuteladas y residencias de mayores y discapacitados, establece que las comunidades autónomas serán las responsables de la coordinación de estos centros con los servicios sanitarios autonómicos. Cada geriátrico deberá desarrollar su propio plan de contigencia para detectar los posibles contagios entre su plantilla, residentes y visistantes y comunicarse si es necesario con las autoridades sanitarias. Además, los titulares de los centros "garantizarán la puesta a disposición de materiales de protección adecuados al riesgo".

Las comunidades deberán asegurarse también de que en las residencias se cumplen "las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones" y que las visitas de los familiares "se desarrollen en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio".

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