La mutua colaboradora con la Seguridad Social Ibermutua ha renovado su Junta Directiva para adaptar la composición de la misma al número máximo de miembros previsto, tanto en los Estatutos Sociales de la Entidad como en la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015). La renovación ha tenido lugar en el curso de una Junta General Extraordinaria celebrada hoy en Madrid, una vez finalizado el periodo excepcional, contemplado en el Reglamento General sobre colaboración en la gestión de las Mutuas (RD 1193/1995), para que, transitoriamente y como consecuencia de la fusión entre Ibermutuamur y Mutua Gallega, dicho Órgano quedase integrado por la suma de los miembros de las respectivas Juntas Directivas de las entidades fusionadas.
Así, para la renovación y adecuación al tamaño y composición de la Junta Directiva de Ibermutua se han aplicado, entre otros, los siguientes criterios: equilibrio y proporcionalidad del ámbito territorial, empresarial, institucional y de sectores público-privado; equilibrio y paridad de género; reputación, representatividad y visibilidad de las empresas, organizaciones e instituciones, así como de sus representantes; identificación y compromiso con la “Cultura y Valores de Ibermutua”, así como los preceptos y mandatos que establece Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad, así como en las recomendaciones recogidas en la reforma del Código de Buen Gobierno Corporativo de las sociedades cotizadas elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en lo que se refiere a la composición de los órganos de gobierno.
De hecho, con la composición de la Junta Directiva aprobada hoy, formada por 20 empresas asociadas, representadas por 8 mujeres y 12 hombres, y un representante legal de las personas trabajadoras de la Mutua se pasa a una representación de mujeres-hombres del 40-60% respectivamente en la actual Junta Directiva, frente al 15-85% de la Junta anterior, lo que supone anticipar un año el cumplimento de los porcentajes establecidos para finales de 2022 en las recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo de la CNMV.