Las patronales empresariales de atención a la dependencia y organizaciones de mayores, como la Plataforma Estatal de Asociaciones de Mayores, CEOMA, la Plataforma Estatal de Familiares de Usuarios y la CEDDD, han firmado un manifiesto virtual para reclamar la equiparación del IVA al 4% en todos los servicios de atención a la dependencia. Se trata de una "discriminación histórica", tal y como lo ha calificado Cinta Pascual, la presidenta de CEAPs, quien advierte de que "utilizaremos todas las vías posibles para lograr acabar con la injusticia social hacia las personas mayores”. Por su parte, Jesús Cubero, secretario general de AESTE, ha manifestado que “esta reivindicación vela única y exclusivamente por las personas mayores. Nos resulta muy difícil entender que los partidos políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo para modificar este punto de la Ley, tan a todas luces injusto y discriminatorio. Aquí no somos las empresas ni las entidades que ofrecemos servicios cuidados las que sufrimos este doble gravamen, sino las personas mayores necesitadas de esos cuidados, que tienen derecho a este servicio esencial, no deseado, en situación de igualdad”.
Así, los partidos políticos Partido Popular, ERC y PdCat presentaban recientemente enmiendas para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 incluyan la equiparación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) entre las personas mayores que viven en residencias privadas y las que lo hacen en centros públicos. Por tanto, se solicitaba la modificación de la Ley para que todas aquellas personas en situación de dependencia puedan tributar al mismo tipo reducido del 4%. Sin embargo, estas enmiendas han sido rechazadas por el ejecutivo.
Pascual opina que “es una vergüenza que hablen de justicia social cuando vetan una enmienda que va directamente a las personas”. No hablamos de fiscalidad o de dinero, hablamos de justicia”. Por su parte, Cubero apunta que “esta reivindicación vela única y exclusivamente por las personas mayores. Nos resulta muy difícil entender que los partidos políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo para modificar este punto de la Ley, tan a todas luces injusto y discriminatorio".
Y es que, tal y como aparece en el manifiesto, “no tiene explicación que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona tenga una tributación diferente”. Hay que recordar que actualmente el IVA que se paga por los servicios asociados a la Dependencia es del 10% si los contratan de forma personal, mientras que solo tributan un 4% por idéntico servicio si este es concertado o público.
No solo pide la equiparación del IVA por “justicia social y porque es un derecho universal”, sino porque aliviaría la situación de muchos dependientes que hoy pagan por el efecto del IVA más de 1.200 € anuales y mejoraría “la economía del país”. Según sus cálculos, la recaudación del Estado se incrementaría en 170 M€. En este sentido, explica que una rebaja del IVA movería a más familias a acudir a la contratación de servicios profesionales, lo que conllevaría una mejora en la ocupación de los centros y nuevas contrataciones de personal, con el consiguiente aumento de las cotizaciones, una reducción en el número de parados y un ahorro en las prestaciones por desempleo. “Por cada 2 usuarios se produce aproximadamente una contratación, incorporando perfiles con alto riesgo de exclusión laboral, como mujeres de mediana edad y con formación profesional básica. Es un empleo estable y no deslocalizable”, concluye el manifiesto.