Alimarket: ¿Qué valoración hace del primer año de la Ley de funcionamiento de la cadena alimentaria?

Isabel García Tejerina: Transcurrido el primer año de aplicación de la Ley 12/2013, de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, la valoración es muy positiva. Se ha establecido un antes y un después en las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria. Esta ley mejorará el equilibrio en todos sus eslabones, la transparencia en las relaciones comerciales, y aumentará la eficacia y competitividad del sector. Es pionera en la UE y es una norma largamente demandada por el sector, en la que hemos conseguido que sea “de todos y para todos” los operadores de la cadena alimentaria. Se perseguirán las prácticas comerciales abusivas, aumentando la transparencia y seguridad jurídica gracias a los contratos obligatorios. Se han acabado los tiempos en que los agricultores, las PYMEs o los proveedores en general entregaban sus productos sin saber ni cuánto ni cuándo iban a cobrar. Se trata en definitiva que a lo largo de todos sus eslabones, esta cadena funcione equilibradamente y así lograr un sector más competitivo y en crecimiento.

A: ¿Es pronto aún para hablar de resultados o ya se nota su aplicación?

I.G.T.: la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo del Ministerio encargado de velar por el cumplimiento de la ley, ha realizado en 2014, su primer año de funcionamiento, más de 1.800 inspecciones en frutas y hortalizas, leche, aceite de oliva y carne de pollo, ha gestionando más de 47 denuncias y ha abierto 19 expedientes sancionadores.

A: ¿Qué instrumentos ha aportado el reglamento aprobado el pasado mes de febrero?

I.G.T.: El pasado 6 de febrero se completó el marco jurídico gracias a la aprobación del Real Decreto 64/2015, que desarrolla parcialmente la Ley. Este Real Decreto desarrolla el Registro Estatal de Buenas Prácticas Alimentarias, en el que se inscribirán aquellas empresas que voluntariamente hayan decido adherirse al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, aumentando así el marco de protección de la ley sobre la cadena alimentaria. Asimismo establece como elemento clave la figura del Mediador de los contratos agroalimentarios, que podrá intervenir para aproximar las posiciones, en materia de fijación de precios, en los contratos entre los productores y el primer comprador. Ambas partes deben estar adheridas al Código de Buenas Prácticas, que se encuentra en su fase final de elaboración y en el que venimos trabajando con las organizaciones representativas de los productores, los industriales y la distribución, verá la luz próximamente.

Por otro lado, este Real Decreto crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, incluyendo en él a representantes de las organizaciones más representativas de la cadena alimentaria, desde el productor al consumidor final, y a las propias administraciones. El Observatorio está destinado no solo a analizar cómo se desarrollan las relaciones comerciales, sino que también va a tener una actuación proactiva. Para ello, promoveremos actuaciones que aporten transparencia, se evaluará la calidad de las relaciones entre operadores, para detectar la aparición de nuevas prácticas y poder garantizar la permanente actualización de la ley. Además el Observatorio es un instrumento de alerta temprana para conocer y analizar las crisis sectoriales desde su inicio lo que nos permitirá adoptar medidas correctoras a tiempo. Siempre que haya un producto con precios anormalmente bajos, analizaremos las causas, y en caso de incumplimiento de la Ley, la AICA actuará imponiendo las sanciones correspondientes.

A: La otra gran apuesta legislativa del Ministerio en esta legislatura ha sido la Ley de Fomento de la Integración Cooperativa. ¿Cuál es el balance de estos primeros meses de la Ley?

I.G.T.: Como es bien sabido, una de las principales características del sector cooperativo agroalimentario español es la atomización, que proporciona escaso poder de negociación frente a otros eslabones de la cadena, que limita el acceso a los mercados nacionales e internacionales, ya que al no disponer de músculo productivo las pequeñas cooperativas no pueden afrontar contratos de aprovisionamiento, o que limita su capacidad de inversión en innovación y desarrollo, al carecer de dimensión suficiente que avale operaciones financieras de envergadura para dichos fines.

Es por ello, que hemos puesto a disposición del sector diferentes herramientas que contribuyan a mejorar su competitividad y una de ellas es la Ley de fomento de la integración de cooperativas, cuyo objetivo es el redimensionamiento, la modernización, la competitividad e internacionalización de las entidades asociativas. Se trata de una ley para la mejora de la concentración de la oferta y la integración de las entidades asociativas de manera que se consiga un sector más profesionalizado y mejor dimensionado, que en definitiva contribuya a mejorar las rentas agrarias. Esta ley contempla dos instrumentos, como son el Plan Estatal de Integración Asociativa y el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias.

A: La falta de dimensión es un mal endémico de las cooperativas españolas, que las separa de entidades similares en otros países de Europa. ¿Cómo va a contribuir la Ley a superar este déficit?

I.G.T.: La Ley se ha desarrollado mediante el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, sobre los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para el funcionamiento de su Registro Nacional. En él se establecen los volúmenes mínimos de facturación que se requieren para reconocer a una Entidad Asociativa Prioritaria que pueden percibirse como ambiciosos, pero estos datos se basan en el porcentaje de producción cooperativizada dentro de cada sector productivo, y van a requerir de iniciativas con un gran esfuerzo integrador y trabajo en común para ser alcanzados. La falta de concentración en la oferta en los primeros eslabones, impiden una planificación que permita la rentabilidad en toda la cadena de valor. Y es aquí donde la Entidad Asociativa Prioritaria juega un papel fundamental, promoviendo la fusión en los primeros eslabones de la cadena alimentaria para mejorar su posición y su participación en el proceso de valorización y comercialización de sus productos. Como ya he señalado, es necesaria una dimensión mínima para tener peso en la cadena alimentaria.

Por ello el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 destinará una importante dotación económica para apoyar la integración de entidades asociativas y la dinamización del sector agroindustrial, que está empezando a dar sus frutos, pues próximamente vamos a reconocer a la que será la mayor cooperativa de carne de ovino de Europa.

A: ¿Fracasos como la frustrada adquisición de Deoleo por parte de Dcoop no muestran las limitaciones que padecen las cooperativas españolas a la hora de crecer?

I.G.T.: Hay que tener presente que pueden ocurrir diferentes situaciones empresariales justificadas dentro de una estrategia global de un grupo. El caso que usted comenta de Dcoop, muestra un ejemplo de evolución estratégica de una empresa, de base cooperativa, que no está vinculado con la Ley.

A: En 2014 se presentó el Marco Estratégico para la Industria de Alimentación y Bebidas. ¿Qué medidas de apoyo a la industria estudia su Ministerio, en terrenos como la internacionalización?

I.G.T.: Efectivamente, una vez lanzado el Marco Estratégico para la Industria de Alimentación y Bebidas en marzo del año pasado, se ha seguido trabajando con la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). Como recordarán, este Marco fija cuatro bloques de retos y así se han estructurado las actuaciones, las posibles ayudas y todos los trabajos relacionados. Estos bloques son: Eficiencia, Creación de valor, Internacionalización y Dinamización. En los Planes Operativos de cada uno de estos pilares se incluyen las acciones a realizar para lograr los objetivos. El Ministerio participa, a través del Convenio con FIAB, con un presupuesto de 655.000 euros en 2015,y cuyas actividades se enmarcan en el MEIAB.

Por lo que respecta al Plan de internacionalización, el Ministerio ha colaborado en la definición de objetivos, en el diseño de las iniciativas para alcanzarlos y en la puesta en marcha de dichas iniciativas. Los trabajos se han centrado en la identificación de mercados prioritarios y la elaboración de Planes-País, en potenciar las actuaciones sobre compradores en el marco de Alimentaria y del Programa Spain Experience, y en los trabajos de coordinación entre el sector y la administración a través de las Mesas Sectoriales y el Comité Consultivo del Grupo de Trabajo de Internacionalización del Sector Agroalimentario. Por otra parte, se ha trabajado en la incentivación de la internacionalización a través de actuaciones orientadas al canal gourmet y al desarrollo de la estrategia conjunta Alimentación-Gastronomía-Turismo.

Y este trabajo está dando sus frutos. En 2014 el conjunto del sector agroalimentario y pesquero ha exportado 40.830 Millones € (3% más que en 2013) alcanzando el 17% del total de las exportaciones españolas, generando un superávit de 9.742 Millones €, siendo ya el 2º sector económico tras Bienes de equipo y por delante del Automóvil y la Industria química. Y de estas cifras, a la Industria transformadora de la Alimentación y Bebidas le corresponde 24.076 Millones €, con un crecimiento del 6% respecto a 2013. Por eso somos la 8ª potencia mundial en exportación alimentaria.

A: ¿Y para la consolidación de empresas de mayor tamaño? Porque la atomización no es un problema sólo de las cooperativas...

I.G.T.: Respecto a la dinamización, el objetivo es apoyar a las empresas en la consecución de los objetivos de eficiencia, creación de valor e internacionalización a través de una masa crítica suficiente, que permita una mejor posición competitiva. En este ámbito los posibles apoyos vendrán a través de los fondos de Desarrollo Rural, en especial el Programa Nacional de Desarrollo Rural, para impulsar la innovación y el establecimiento de alianzas empresariales para ampliar mercados. Se articula en varias medidas: ayudas para la creación y funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación (EIP) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas; ayudas para proyectos piloto y desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías originados en la EIP; o ayudas para la cooperación y prácticas medioambientales o suministro sostenible de biomasa para producción de energía.

A: España es uno de los países de Europa en los que la tasa de penetración de los lanzamientos alimentarios es menor. Los fabricantes se quejan del poco apoyo que sus nuevos productos reciben por parte de la distribución,mientras que los distribuidores replican que las novedades son, en general, poco innovadoras. ¿Es necesaria una mayor inversión en I+D+i por parte del sector? ¿Va a habilitar su Ministerio líneas específicas en este sentido?

I.G.T.: Queremos que haya más innovación agraria, alimentaria, pesquera y forestal. Es un objetivo prioritario del Ministerio facilitar la I+D+i y ayudar a las empresas y al sector a conseguir recursos públicos para su financiación. El objetivo es permitir el acceso, en las mejores condiciones, al presupuesto de 4.500 M€ para el período 2014-2020, del Programa Marco de la Unión Europea, ‘Horizonte 2020’.

Además, el Ministerio está desarrollando el Programa de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Forestal, que vamos a presentar en este primer semestre, que contribuirá a acelerar los procesos de innovación para aumentar la competitividad. Sus objetivos son realizar un diagnóstico de necesidades reales y de oportunidades del sector y, en segundo lugar, fomentar y guiar la I+D+i en el sector agroalimentario y forestal, como vía para mejorar su competitividad, sostenibilidad e internacionalización. El programa constará de dos elementos fundamentales: un documento de planificación estratégica, que identifique necesidades y prioridades, y un portal web que facilite la búsqueda de soluciones innovadoras a los actores de los sectores agroalimentario y forestal.

A: En el presente 2015 se pone fin al régimen de cuotas lácteas que ha venido regulando el sector en los últimos 30 años. ¿Está preparada la cadena láctea -desde las explotaciones ganaderas a las industrias transformadoras- para hacer frente a este nuevo escenario?

I.G.T.: El sector se ha reestructurado y ha invertido para estar preparado para afrontar un escenario sin cuotas. El sector lácteo español ha hecho un gran esfuerzo de adaptación desde hace casi veinticinco años; ha experimentado una profunda reconversión, reduciendo el número de explotaciones de las cien mil a principios de los noventa hasta algo más de 17.000 en la actualidad, con explotaciones al nivel de cualquier país europeo en términos de eficiencia en la producción. Debemos aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mercado, que muestran buenas perspectivas de futuro, con una demanda en notable crecimiento. n