El IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas se incrementará del 10% actual al 21% el próximo año 2021. Así se recoge en el documento remitido por el Gobierno a la Comisión Europea ayer jueves. La medida forma parte del Plan Presupuestario 2021 que el Gobierno español ha presentado en Bruselas y que incluye las previsiones del cuadro macroeconómico y la evolución de las finanzas públicas en un contexto de pandemia mundial. Entre otros ajustes fiscales recogidos en el documento figura el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21% con el objetivo de “favorecer hábitos más saludables”. Este impuesto, cuyo aumento viene considerándose ya desde hace unos años, forma parte de lo que se denomina gravámenes a las externalidades negativas, cuyo objeto es gravar determinados comportamientos perjudiciales para la salud o el medio ambiente.
Reacciones en cadena
Las reacciones al anuncio de la medida no se han hecho esperar. Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), recuerda que estas medidas "no cambian hábitos y además no tienen ningún efecto probado sobre la salud ya que la obesidad y el sobrepeso tienen un origen multifactorial”. De hecho, la Federación ha hecho público un comunicado mostrando su rechazo a una medida que considera "injusta y discriminatoria" y considera que la anunciada subida del IVA “solo tiene un efecto recaudatorio que además va a impactar más gravemente a las rentas más desfavorecidas, las más afectadas por la crisis”.
En los mismos términos se ha expresado la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), que considera además que con esta propuesta el Gobierno da "la puntilla" a la hostelería. De hecho, recuerda que estos establecimientos vienen reclamando una bajada del IVA al 4% para ayudar a reducir el impacto de las constantes restricciones y cierres, tal y como se está haciendo en otros países (Alemania, Austria, Bélgica y Reino Unido, entre ellos). Al tiempo, Anfabra manifiesta que el hecho de querer gravar las bebidas azucaradas o edulcoradas "carece de rigor científico", puesto que son "productos seguros y evaluados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa). Y añade que el sector apuesta por la promoción de hábitos saludables y compromisos voluntarios, entre ellos la reducción del contenido de azúcar en estas bebidas, que según sus datos habría alcanzado un 35% entre 2005 y 2018.
Por su parte, la Asociación de Empresas del Gran Consumo (AECOC) apunta que este tipo de medidas acaban por debilitar el consumo y “acaban repercutiendo negativamente sobre toda la cadena agroalimentaria”. Añade, además, que las medidas impositivas sobre alimentos, bebidas, o ingredientes “no son la herramienta más eficaz para combatir un problema de salud multifactorial como es la obesidad”, sino que tienen “una capacidad limitada y no concluyente”.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Zumos de España (ASOZUMOS) también ha reaccionado a una medida que "ve con preocupación", pues supone a su entender "un claro ataque contra los intereses de los productores españoles de cítricos, melocotones, uva y otros sectores hortofrutícolas". Añade que "un posible descenso en el consumo de zumo afectaría también a este sector productor" y finaliza su comunicado subrayando que la medida conlleva además "un nuevo perjuicio al sector de la hostelería española".
Cataluña, pionera en la implantación de la tasa
La comunidad de Cataluña fue pionera en establecer una tasa de estas características, el denominado Impuesto de Bebidas Azucaradas Envasadas (IBAE). Tras su anuncio, Canarias se planteó hacer lo propio, aunque finalmente la imposición de la tasa fue desestimada. La comunidad catalana impuso el IBAE el 1 de abril de 2017 para gravar el consumo de bebidas azucaradas envasadas en todo su territorio, con independencia de su lugar de fabricación. La tasa tiene como objetivo luchar contra la obesidad y el consumo de azúcar y es el consumidor el que tiene que pagar el tributo directamente. Tras su entrada en vigor, la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (ENS-ISCIII) en colaboración con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) llevaron a cabo un estudio cuyos resultados apuntaban que la instauración de un impuesto específico para las bebidas azucaradas tenía un impacto directo en la reducción de su consumo.
El citado impuesto fue declarado nulo hace un año en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que falló en favor de las empresas afectadas por la imposición de la tasa. Rafael Urrialde, de Coca-Cola Iberia, en declaraciones a Alimarket en abril de 2019, revelaba que la compañía estaba trabajando con el resto de la industria para trasladar a las instituciones que el impuesto a las bebidas azucaradas aprobado por la Generalitat de Cataluña es “discriminatorio y crea inseguridad jurídica”.
Sin embargo, la Generalitat continúa defendiendo la vigencia del gravamen, así como su recaudación, toda vez no se trata de una sentencia firme. De acuerdo con el artículo 72 de la Ley que regula el IBAE, son bebidas azucaradas “las que contienen edulcorantes calóricos añadidos como, entre otros, azúcar, miel, fructosa, sacarosa, jarabe de maíz, jarabe de arce, néctar o jarabe de agave y jarabe de arroz”. La tasa afecta a refrescos o sodas: bebidas sin alcohol de diferentes sabores, con gas o sin gas, preparadas comercialmente y que se venden en botellas o latas, y también las que se suministran al consumidor mediante un surtidor; bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas; bebidas deportivas (diseñadas para ayudar a los atletas a rehidratarse y también a reponer los electrólitos, el azúcar y otros nutrientes); bebidas de té y café; bebidas energéticas (bebidas carbonatadas que contienen grandes cantidades de cafeína, azúcar y otros ingredientes, como vitaminas, aminoácidos y estimulantes a base de hierbas); leches endulzadas, bebidas alternativas de la leche, batidos y bebidas de leche con zumo de fruta; bebidas vegetales y aguas con sabores.
