El sector transformador y comercializador de productos del mar y la acuicultura afronta jornadas complicadas ante los problemas entre patronal y sindicatos para alcanzar un acuerdo para la renovación del convenio colectivo estatal, que caducó en 2020.
Así, el pasado viernes, tuvo lugar la primera jornada de huelga convocada por los sindicatos FICA-UGT y CCOO, a la que estaban convocados más de 30.000 trabajadores, principalmente, en Galicia y Cantabria. Según los sindicatos, la movilización habría sido seguida por el 90% del sector lo que, en su opinión, "debería obligar a la patronal a sentarse nuevamente a negociar, tras haber cancelado la reunión prevista inicialmente para el próximo 27 de enero", precisamente, por la convocatoria de una huelga que se extenderá también al 3 y 4 de febrero, de no alcanzarse un acuerdo. Desde Feicopesca (Federación Española de Asociaciones de Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca y de la Acuicultura), califican el seguimiento de “desigual y débil”, estimando que un 29% de los trabajadores habrían secundado la huelga, “existiendo comunidades autónomas importantes que rechazaron dicho llamamiento, como Andalucía, Valencia, o Cataluña. Por Comunidades Autónomas, Galicia ha sido la que mayor participación ha tenido con un 32%, mientras que Cantabria no ha superado el 30%”.
Tal y como reconocen todos los agentes implicados, tres son las cuestiones que, actualmente, impiden el acuerdo: bajos salarios y falta de igualdad, forma de implantación del cuarto turno y limitación de la temporalidad.
En tema de salarios, desde los sindicatos abogan por lograr incrementos salariales que equiparen el sector con otros de la industria alimentaria, así como impidan la pérdida de poder adquisitivo derivada del incremento del IPC en 2021. En este sentido, desde Feicopesca afirman haber presentado una propuesta “que consideraba el IPC y ofrecía unos incrementos a 4 años de hasta el 11%. Por tanto, pese a la inflación coyuntural, se incluía un porcentaje muy superior a los incrementos medios en convenios de 2021 en España, como una firme apuesta por la estabilidad, el acuerdo y paz social”. Los sindicatos apuntan a una propuesta “no real”, puesto que este porcentaje de incremento solo sería percibido en algunas categorías concretas y grupos profesionales.
Igualdad, “cuarto turno” y regulación de la temporalidad
Además del tema meramente económico, los representantes de los trabajadores señalan la necesidad de equiparar las retribuciones entre sexos, agrupando a los trabajadores por puestos de igual valor, lo que evitaría las diferencias económicas existentes entre integrantes de los grupos profesionales 5 y 6, que perjudican en muchos casos a las mujeres. Feicopesca rechaza esta acusación indicando que “las empresas defienden y respetan la igualdad de trato entre hombres y mujeres” y que existen en la actualidad “Planes de Igualdad negociados con los comités de empresa que recogen un análisis por puestos de igual valor, siendo por tanto correcto el actual sistema de clasificación del convenio colectivo”, como ha reconocido incluso el Tribunal Supremo, que se pronunció a este respecto en 2008.
La implantación del conocido como “cuarto turno”, que ampliaría la producción a los fines de semana, es otro de los puntos de desacuerdo, ya que desde los sindicatos apuntan por una implantación del mismo “con condiciones”, que permite a los trabajadores conciliar y que facilite, además, la creación de puestos de trabajo. En Feicopesca recuerdan que el sector tiene una jornada laboral de 1.730 horas (“una de las más bajas de España”), que se mantendría, pero que ante su necesidad de competir con terceros países u clientes globales, la creación de este cuarto turno es necesario para además, “regular una práctica ya existente y mejorar la conciliación personal de lunes a viernes, evitando las horas extraordinarias y con una compensación económica”.
El último desencuentro entre los agentes responde a una regularización de la temporalidad del trabajo en este sector, en el que alrededor del 50% de los trabajadres son temporales (30%) o fijos discontinuos (20%). En este punto, desde los sindicatos instan a reducir el índice de temporalidad con la transformación de estos contratos en fijos discontinuos.
