En un contexto en el que el sector español de vino ha apostado por la internacionalización, con 4.000 bodegas exportadoras y más del 60% de la producción saliendo del país (1.935 Ml en 2024, por valor de más de 2.977 M€), el anuncio de imposición de aranceles por parte de la administración estadounidense, liderada por Donald Trump, cae como un jarro de agua fría. Máxime para una industria integrada en un porcentaje muy elevado (prácticamente el 99%) por pymes, con menor capacidad para diversificar mercados y recursos más limitados a la hora de afrontar este tipo de situaciones críticas, y para la cual EE.UU es su segundo mercado internacional.
El gravamen que inicialmente ha propuesto el gobierno estadounidense, del 20% para todos los productos vínicos a ejecutar a partir del 9 de abril, podría suponer, advierte José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino (FEV), un importante golpe para las bodegas españolas, para las que este mercado representa el segundo destino de sus exportaciones en valor (sólo por detrás de Alemania) y quinto en volumen. En términos absolutos, las bodegas españolas comercializaron el año pasado en EE.UU. en torno a 96,95 Ml (-4,4% con respecto a 2023), por un valor de alrededor de 390,18 M€ (+3,5%). Por categorías, el 52% de la factura y el 31% de los litros correspondieron a vinos con DOP; seguidos en importancia por los espumosos (20% del valor y 24% del volumen).
Si ampliamos la mirada al global del sector europeo del vino, para el cual EE.UU. lidera las importaciones, la cifra asciende a 4.880 M€, esto es el 28% de su valor total. “El mercado de EE.UU. es fundamental para la sostenibilidad económica del sector vitivinícola de la UE y no existe ahora mismo un mercado alternativo que pueda compensar la pérdida”, ha asegurado el director general de la FEV, que ha querido destacar que los sectores vitivinícolas de la UE y de EE.UU. mantienen desde hace años una estrecha cooperación y han apoyado firmemente el comercio libre y justo y un mercado abierto para el vino entre ambos bloques, el cual se materializó en 2020 en la firma de la Declaración de Principios UE-EE.UU. sobre el Comercio en el Sector Vitivinícola.
El vino no europeo también se verá afectado por las medidas arancelarias estadounidenses, desde el 10% de penalización a países como Australia, Chile y Argentina al 30%, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica. No obstante, fuentes del sector remarcan que esta situación sólo servirá para agudizar la agresiva competitividad a la hora de hacerse un hueco en otros mercados alternativos.
Primeras reacciones
El anuncio de la Administración Trump ha provocado una rápida reacción del Gobierno español, que ha presentado un plan de apoyo, valorado positivamente por la FEV y la OIVE (Organización Interprofesional del Vino de España). Éste incluye medidas para fomentar la internacionalización de las bodegas y la promoción de los productos, dentro y fuera de nuestro país.
También desde Bruselas se ofrecían respuestas, el pasado viernes, a “los nuevos desafíos estructurales que afrontan los productos vitivinícolas”, desde el complejo contexto internacional a otros factores como el cambio climático o el descenso del consumo de vino. En concreto, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de Reglamento que introduce importantes modificaciones en los Reglamentos (UE) nº 1308/2013, 2021/2115 y 251/2014, con el objetivo de modernizar el marco normativo del sector vitivinícola.
Entre estas medidas, destacan la ampliación del apoyo a la promoción y comunicación en terceros países (que pasa de tres a cinco años para facilitar la consolidación de salidas comerciales estables); la inclusión del enoturismo como acción subvencionable dentro de los Planes Estratégicos de la PAC; la armonización de las nomenclaturas para los vinos desalcoholizados y aromatizados; el uso de un etiquetado digital común y más accesible; la reestructuración eficiente de los viñedos sin incrementar la producción, evitando excesos de oferta en un contexto de descenso estructural del consumo; ayudas para inversiones en mitigación y adaptación al cambio climático de hasta el 80% (frente al límite anterior del 50 % o 40 % en muchas regiones); y nuevas herramientas de gestión de crisis, como pagos nacionales por arranque voluntario de viñedos.
