El sector pesquero español, agrupado en la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha puesto sobre la mesa las que serán sus prioridades y principales preocupaciones para la próxima legislatura europea, un periodo que confían en que suponga un punto y aparte respecto a la anterior, con el chipriota Costas Kadis como nuevo comisario de pesca y océanos, al frente. Precisamente, su designación responde a una de las reclamaciones del sector que pedían que esta cartera se separara de medioambiente. Según indican, éste es un buen augurio, así como el hecho de que se haya reforzado la normativa comunitaria destinada a combatir las prácticas pesqueras no sostenibles, tanto desde el punto de vista medioambiental como socioeconómico, de países no pertenecientes a la UE y que sí son exigidas a la flota comunitaria, creando un marco de competencia desleal para los pescadores europeos.
La flota de pesca española es una de las más fuertes de la UE, representando más del 20% de la producción y facturación europea, y empleando a 31.000 personas de forma directa. En números, cuenta con más de 8.500 barcos y unas capturas anuales de unas 800.000 t de pescados y mariscos, lo que genera un valor agregado que supera los 10.000 M€, con exportaciones de más de 1 Mt, por valor de 5.500 M€, e importaciones de 1,6 Mt, valoradas en 9.000 M€.
Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “somos un sector de actividad económica importante y además uno de los más estratégicos a tenor del deterioro progresivo de la situación política internacional. Tener capacidad para alimentar a la población con proteínas de calidad es cada vez más acuciante y nuestro Gobierno y Europa han de tomar conciencia de ello porque la competencia en el mundo por apoderarse de los recursos pesqueros es feroz. Por lo tanto, no podemos dejar que esta nueva legislatura europea, tal como propició la anterior, juegue a diluir y debilitar el valor económico, social y estratégico de nuestra pesca”. Concretamente, entre 2019 y 2024, el sector pesquero español recortó su flota en 335 barcos, el 3,8% del total, índice que sube al 5,7% en los buques que pescan en caladeros internacionales. Por artes, destaca la reducción de la flota de palangre de fondo (-13,5%), la de palangre de superficie (-6,5%), la de cerco (-6,5%) y la de arrastre (-3,5%). A nivel europeo, la reducción media de la capacidad pesquera comunitaria durante la anterior legislatura fue de 4.400 buques (-5,9%).
Entre las principales reinvidicaciones que mantiene el sector se encuentra su oposición al cierre no justificado de zonas de pesca, como ya sucedió en 2022, con la clausura (en función del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la CE) de 87 zonas a la pesca de fondo en el Atlántico Nordeste, desde las costas de Irlanda hasta el Golfo de Cádiz, afectando la actividad de más de 10.000 pescadores del conjunto del sector pesquero comunitario. También se mantiene el foco en cómo puede afectar al sector la entrada en vigor de la Ley de Restauración de la Naturaleza, que establece la obligatoriedad de restaurar el 20% de las áreas terrestres y marinas de la UE para 2030 y todos sus ecosistemas para 2050, lo que amenaza el futuro de los pescadores y la producción de alimentos en la UE. Y, por último, el sector aborda las consecuencias del Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental, adoptado en 2019 y en vigor desde enero de 2020 para regular la pesca demersal con el objetivo de lograr en 2025 el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS).
Según denuncia Cepesca, este plan está acabando con la flota de arrastre mediterránea debido a las restricciones de días de trabajo y zonas de pesca que impone. En los caladeros mediterráneos faenan un total de 3.400 barcos de la UE (556 buques de arrastre españoles) para la captura de especies como la gamba roja, la gamba blanca, la merluza, el salmonete, el calamar, el rape o la cigala.
Entre las últimas reclamaciones de la industria está la incorporación de los productos de pesca en la lista de productos y alimentos básicos de la población, que cuentan actualmente con IVA reducido o superreducido, y la puesta en marcha de un plan de relevo generacional que garantice la supervivencia a futuro de esta actividad.