A principios del mes pasado, el Gobierno hizo público un conjunto de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Entre éstas, estaba la creación de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética , con entre otras finalidades, financiar un plan de Ahorro de Energía y Reducción de Emisiones en la Edificación para la rehabilitación energética de edificios del sector industrial y terciario . Con este fondo, gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el Gobierno espera la implicación de diferentes administraciones públicas, las cuales tienen competencias relativas a la energía, para la consecución de los objetivos.
Las expectativas del ejecutivo pasan por la captación de 1.000 M€ provenientes de los fondos europeos FEDER hasta 2020, logrando un ahorro anual del 1,5% de energía final. El fondo será dotado de 350 M y movilizará inversiones por 2.400 M. De éstas, un 42% serán destinadas al sector de la rehabilitación de edificios.
Eficiencia real
El plan ha tenido numerosas críticas, que si su único objetivo es cumplir con la Directiva Europea de Eficiencia Energética, que si vencía el plazo, que si era un plan poco ambicioso en cuanto a recursos, dificultad para la captación de inversiones, el parque inmobiliario necesita mayor involucración,… Si bien todas éstas pueden ser legítimas, no sé ha hablado mucho sobre lo que desdeconsideramos es el núcleo del problema. Esto es, sobre las medidas que se van a implantar para comprobar la efectividad de este plan , es decir, ¿cómo se van a asegurar de que la inversiones son útiles para el fin que persiguen y no caen en saco roto?
Lo que en principio era una corazonada, ahora parece convertirse en un hecho, ya que con el Real Decreto-Ley publicado a principios de este mes, se viene a confirmar la falta de información al respecto . El documento se centra en especificar cómo se va a obtener la financiación y el control por parte del Estado de que se realicen dichas inversiones. Así, por ejemplo, los recursos financieros vendrán de una parte de los fondos comunitarios , de otra de las empresas comercializadoras de gas y electricidad , de los operadores de productos petrolíferos al por mayor, y de los operadores de gases licuados de petróleos que deberán financiar este fondo mediante un sistema de obligaciones, repartidas proporcionalmente al volumen de las ventas de energía final.
Sin embargo, el decreto no va más allá, no especifica qué medidas se van a adoptar para cerciorarse de que realmente las inversiones realizadas en las edificaciones conllevan un ahorro energético de facto. Lo que parece que “importa” es que las inversiones se ejecuten, no su resultado en términos de eficiencia energética . A esto desde Apliqa lo llamamos ser eficaz, no eficiente…Y además todos los involucrados en la industria de materiales de construcción sabemos que las actuaciones aisladas en esta materia no tienen por qué dar resultados positivos, es condición necesaria pero no suficiente.
Ésta no sería ni la primera ni la última ocasión en la que por el excesivo valor que se da a las decisiones en el presente se opta por una alternativa que no es la óptima a medio plazo. Como gestores (y parece también que como gobernantes) tendemos en general a ser cortoplacistas. Y máxime si como en este caso, el entender el problema en su globalidad, como un todo, es complejo y poco manejable.
De confirmarse finalmente este escenario, se estaría desaprovechando una oportunidad de promover la eficiencia energética en el sector de la construcción y simplemente estaríamos ante un plan de fomento de la rehabilitación que busca cumplir con las directivas impuestas desde Bruselas y aumentar el paupérrimo nivel de actividad que el sector afronta en la actualidad . Todo esto es muy loable, pero llamemos a las cosas por su nombre, ¿no os parece?