El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la ley de residuos y suelos contaminados, una nueva norma de la que durante los últimos días se han avanzado algunos aspectos y que forma un bloque con la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) "España Circular 2030".
La nueva ley contempla diversos aspectos que lo que buscan es reducir de manera drástica el volumen de desperdicios generados en la actividad económica, que se estima serán con estas iniciativas un 15% menos en 2030 que en el año 2010. Tal y como se ha ido contando estos días, el texto incluye acciones como la obligatoriedad dentro del sector de restauración de ofrecer agua de grifo al consumidor a partir del 1 de enero de 2023 (algo que ya se está realizando en Comunidades como las Islas Baleares o Navarra), fecha en la que también se obligará a cobrar una tasa por cada vaso y tapa que se ofrezca para café on the-go, una medida similar a la que ya se aplica al sector de bolsas comerciales y que también es objeto de debate en otros países.
Relativo al canal horeca, a partir de 2023 los envases plásticos empleados en la venta de los alimentos dejarán de ser gratuitos, debiendo constar en el recibo de compra el precio de los mismos. En 2030 el volumen de envases plásticos de un solo uso distribuidos por esta vía deberá de ser un 70% inferior a los totales que se registren en 2022.
Asimismo, también se contemplan otras medidas más inmediatas como la prohibición de introducir en el mercado bastoncillos de algodón (excepto en el ámbito de productos sanitarios), cubiertos, palillos, platos, pajitas y agitadores de bebidas de plástico tradicional, prohibición que se aplicará a partir del 3 de julio de 2021, fecha en la que también tendrá que desaparecer los envases y tapones de EPS para alimentación, cualquier tipo de producto fabricado con aditivos oxodegradantes, o los microplásticos que se incluyan en las formulaciones de cosméticos o detergentes.
45 céntimos de euro por kg de envase
Pero sin duda, el factor que más ha llamado la atención con la nueva ley es que incorpora el establecimiento de un impuesto a la “la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español”. Según ha explicado la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera “el tipo impositivo será de 0,45 € por kg de envase”, lo que se traduciría, según las últimas estadísticas de que dispone el Gobierno (correspondientes a 2017), en unos ingresos de 724 M€.
Tal y como se ha recordado en la rueda de prensa en que se ha presentado esta Ley, la Comisión Europea se ha dirigido en varias ocasiones a España para que modifique su fiscalidad verde con vistas a mejorar la recaudación y penalizar actividades contaminantes. Según los datos de esta institución, los "impuestos verdes" representa en España un porcentaje del 1,83% sobre el PIB frente a una media del 2,4% en el conjunto de la Unión.
No se puede decir que este proyecto haya pillado por sorpresa al sector, ya que a finales de febrero el Ministerio de Hacienda anunció la apertura de una fase de consulta pública a través de su página web para analizar la viabilidad este impuesto, una medida que acompañaba a otra similar para el transporte aéreo. El Ministerio para la Transición Ecológica espera que el anteproyecto pase todos los trámites parlamentarios y sea una realidad en el primer semestre del próximo año.
Tal y como recuerda el Gobierno, este impuesto va en línea de las recomendaciones y las medidas que se están promoviendo tanto en la Unión Europea como en otros países, citando expresamente a Reino Unido e Italia, como países que tienen más avanzada la legislación en este sentido. El país transalpino, que iba a aplicar dicha medida el próximo 1 de julio, ha declarado recientemente su intención de posponer su entrada en virgo hasta el 1 de enero de 2021 debido a las circunstancias sanitarias. En la misma línea ha actuado el Reino Unido, país que esperaba estrenar impuesto en el pasado abril pero al que la crisis del Covid-19 ha empujado a retrasarlo hasta el próximo mes de octubre.
Aspapel aplaude las medidas
A falta de que organizaciones y asociaciones del sector plástico se pronuncien sobre el anteproyecto presentado ayer, la plataforma EsPlasticos ya declaró hace unos meses, cuando se anunció la consulta, su preocupación ante el impacto económico y sanitario que tendría esta medida. Si se ha mostrado más entusiasta la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), organización que ha dado la bienvenida a la aprobación de la Estrategia Española de Economía Circular, "una gran oportunidad para avanzar hacia un modelo económico sostenible, basado en un mejor y más eficiente uso de los recursos".
Lo cierto es que ante este panorama el papel y cartón se posicionan como los principales beneficiarios del nuevo paquete legal al tener mucho camino andado en cuanto a sostenibilidad y reciclado. Tal y como recuerda Aspapel, en la UE, región líder en el mundo en reciclaje de papel y cartón, la industria papelera española es la tercera más recicladora, después de Alemania y Francia en volumen de papel reciclado, empatada con Italia. España ha sido recientemente pionera en legislar sobre el fin de la condición de residuo del papel recuperado, lo que supone para toda la cadena del reciclaje de papel y cartón una gran oportunidad para garantizar la calidad de la materia prima, reducir la burocracia y eliminar barreras a la libre circulación.
Asimismo, también citando a Aspapel, la madera utilizada en la fabricación de papel en España es en su práctica totalidad (96%) madera de procedencia local y mayoritariamente certificada (59%). Las plantaciones de madera para el sector, que se están continuamente regenerando y replantando, generan más de 5.500 empleos directos y casi 17.700 indirectos en el ámbito rural.
Puerta abierta al SDDR
A partir de 2025 el texto contempla también la creación de un sistema de recogida selectivo específico para botellas de plástico, similar al que hay en otros países europeos como Bélgica o Suiza, con el que se deberá recoger el 77% del total puesto en el mercado (un porcentaje que llegará al 90% en 2030), un paso con el que se busca acercar el modelo de recogida español a lo que se busca en el Paquete e Medidas para la Economía Circular promovido por la Unión Europea. Un año después, en 2026, el volumen de envases plásticos de un solo uso debería ver reducido en un 50% sus volúmenes comercializados con respecto a las cifras de 2022. En 2030, el porcentaje debería de alcanzar el 70%, medidas que están en línea con el espíritu de la Directiva de Plásticos de un Solo Uso. Reflejando el contenido de las últimas directivas europeas sobre esta materia también se incluyen determinados requisitos de diseño (por ejemplo, tapas y tapones que permanezcan unidos al recipiente o botellas PET con un 25-30% de plástico reciclado).
El anteproyecto también recoge las sanciones que se impondrán por acciones incívicas relativas a los residuos así como la regulación sobre la responsabilidad ampliada del productor. Por último, el texto deja abierta la puerta a la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), un aspecto del que no se dan muchos más datos y que según recogían otros medios citando fuentes gubernamentales se podría desarrollar a lo largo del próximo año también mediante una acción legislativa.
En cuanto a la EEEC, se fijan una serie de objetivos a ejecutar hasta 2030 en seis área de trabajo: construcción y demolición, agroalimentación, industria en su conjunto, bienes de consumo, turismo y textil y confección. El objetivo es que en 2030 se reduzca en un 30% el consumo nacional de materiales en comparación con las cifras de 2010, rebajando el volumen de residuos en un 15% con respecto a lo que se generaba hace diez años.
