La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha mostrado su disconformidad con la aplicación del Real Decreto-Ley 17/2021 de 14 de septiembre, definido por el Gobierno como "plan de choque para rebajar el precio de la electricidad", por contener medidas que "supuestamente benefician a todos los consumidores, las pymes y el tejido industrial", pero no a las empresas de provisión sanitaria y otras empresas con contratos firmados antes de la escalada de precios del mercado eléctrico. Desde ASPE se reclama que "los contratos fijados con anterioridad a la escalada de precios del mercado eléctrico, a tarifa fija, para el periodo de vigencia de la minoración que decreta el Real Decreto Ley, e independientemente de la comercializadora con que hayan firmado, queden excluidos de forma clara de la aplicación de este decreto".
Según explica ASPE, las grandes compañías eléctricas no respetarían los contratos de tarifa negociados para el ejercicio 2021 con las empresas de provisión sanitaria, ya que, en virtud del RDL triplicarían desde septiembre las tarifas previamente fijadas de los contratos, pasando del entorno de los 40€ y 120 € el coste del megavatio/hora, al sumar a la tarifa negociada ya existente, la minoración aproximada de 80 € por megavatio/hora, que la nueva normativa establece para la generación eléctrica sin emisiones de efecto invernadero. De llevarse a cabo, la minoración supondría, según calcula ASPE, una factura complementaria al mes de 7,5 M€ para el sector de la provisión sanitaria privada (90 M€ anuales), que equivaldría al 1,3% de su cifra de negocios agregada.
La Alianza apunta que en 2020 muchos contratos eléctricos con operadores hospitalarios privados se negociaron para todo 2021 en el entorno de los citados 40 €/Megavatio/hora, precisamente para evitar la posible inestabilidad del mercado. Sin embargo, tras el citado real decreto ley 17/2021, con la imposición del impuesto a la generación de tecnologías que no utilizan gas como medio de producción, el sector hospitalario se ve gravemente dañado con un sobrecoste que se vería reflejado desde este mes de octubre.
Carlos Rus, presidente de ASPE, apuntaba que desde ASPE "rechazamos de plano que las grandes eléctricas se escuden en el RDL para trasladar a los hospitales una carga fiscal que en absoluto les corresponde asumir". Según Rus, "el espíritu del RDL es reducir los elevados precios que ponen en riesgo la competitividad de la economía y minorar los beneficios de las eléctricas que puedan resultar excesivo, no es en ningún caso repercutir esos impuestos al tejido productivo y de servicios". La alianza sanitaria concluye que "este sobrecoste resta competitividad al sector, al no poderse repercutir a los usuarios, y les ahoga tras un ejercicio traumático en 2020".
