Los efectos colaterales de gravar alimentos y/o bebidas con objeto de reducir el sobrepeso y la obesidad "podrían ser mayores que el beneficio obtenido", puesto que“no está probada la efectividad de un impuesto de estas características”, según Anna Merino, directora de Strategy & Economics de Price WaterHouse Cooper. Así se desprende del informe “Fiscalidad a Alimentos y Bebidas” elaborado por la consultora y presentado esta mañana en Madrid junto a Aecoc, Asaja, Asedas, Fiab y Marcas de Restauración, tras el anuncio de incremento del IVA de bebidas azucaradas y edulcoradas hecho público por el Gobierno la semana pasad a.
Mauricio García de Quevedo, director de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), arrancaba la presentación del estudio, reiterando la valoración que desde la asociación hacen de la medida, que consideran de “injusta y discriminatoria”. Añadía además que se formulaba bajo el parámetro de conseguir mejorar la salud de la población, aspecto este que considera “no está probado”. Con respecto a las previsiones del sector para el cierre de 2020, García de Quevedo anunciaba que Fiab estima que se perderán en torno a 850 empresas a este año, con una caída de la facturación que podría rondar el 6%.
La exposición del informe corría a cargo de Anna Merino, quien arrancaba comentando que la obesidad es un “problema multifactorial, cuya resolución requiere soluciones holísticas coordinadas entre administraciones y agentes económicos”. Argumentaba que otros países han recurrido a estas políticas fiscales para rebajar las tasas de sobrepeso e intentar cambiar hábitos de alimentación con nulo o escaso resultado. Francia y México tienen recorrido en medidas de este tipo y , sin embargo, “si comparamos las cifras de obesidad en estos últimos años no vemos que haya un impacto real suficientemente fuerte como para poder decir que es concluyente, que hay una reacción extra-fiscal a la imposición de este impuesto”. Otros países como Dinamarca, Eslovenia, Colombia o Australia también intentaron en su momento aplicar algún impuesto de estas características y al final decidieron eliminarlo por sus impactos negativos colaterales. Es decir, continuaba Merino “no está probada la efectividad de un impuesto de estas características y probablemente los impuestos colaterales de un incremento del IVA sean mayores que el beneficio”.
La consultora PwC ha estudiado el impacto que el incremento del IVA en alimentos y bebidas tendría en la cadena agroalimentaria. Para ello, ha realizado ejercicios de simulación con dos escenarios posibles , uno más conservador (con menos productos incluidos dentro de la consideración de “gravables” fiscalmente) y otro más amplio. La caída de la demanda derivada del incremento fiscal acarrearía, según el informe, una caída de ventas en la horquilla de entre 119 y 370 M€. Por otro lado, “una caída de estas características lleva un efecto arrastre en toda la cadena de valor, que afecta a toda la cadena agroalimentaria”. El impacto en el valor añadido bruto (VAB) –o impacto en PIB- estimado por PwC se situaría en un recorte de entre 110 M€ y 344 M€; pérdida que recaería fundamentalmente en el sector agrario y la industria agroalimentaria, sin menospreciar el impacto en el resto de la cadena (transporte y logística, restauración y distribución). En cuanto a empleo, PwC considera que podrían llegar a perderse entre 2.000 y 6.000 puestos de trabajo.
Finalizada la exposición del informe, tomaba la palabra José María Bonmatí, director general de Aecoc, quien subrayaba que “la experiencia de otros países como Francia y México, por ejemplo, nos dice estas medidas no consiguen los efectos perseguidos”. Argumentaba Bonmatí que “la efectividad no se mide por la recaudación o la reducción del consumo, sino porque consiga su objetivo, la reducción de la obesidad”.
Por su parte, Paula Nevado, secretaria general de Asociación Empresarial Marcas de Restauración, califica la medida adoptada por el Gobierno como “ineficiente, injusta e inoportuna” y ponía en valor los resultados del informe de PwC para señalar que “con rigor sí podemos tomar iniciativas que nos permitan trascender la coyuntura”. Nevado aportaba datos manejados por la asociación que estima que la hostelería acabará 2020 con el cierre de un tercio de los establecimientos españoles, es decir, unos 90.000, y la consiguiente destrucción de hasta 400.000 puestos de trabajo.