Precaución ante un escenario inédito, en el que la industria de alimentación y bebidas se ve de nuevo rehén de una batalla geoestratégica promovida por la segunda administración Trump. Y en clave interna, petición de ayudas para que la primera industria manufacturera de España pueda resistir el embate de la subida arancelaria.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), cuyo presidente Ignacio Silva, acudió ayer al encuentro con el presidente del Gobierno para conocer la respuesta del Ejecutivo español a la amenaza arancelaria, confía en que el problema se solucione con urgencia por la vía diplomática. Mientras tanto, pide a las autoridades españolas y europeas que respondan con unidad, firmeza y proporcionalidad, evitando contramedidas que puedan generar una espiral de represalias sobre productos determinados. La patronal pide "promocionar e impulsar nuestros productos en Estados Unidos y no buscar sustituir aquel mercado, el más importante para nuestras exportaciones fuera de la Unión Europea".
En la misma línea, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), ha hecho "un llamamiento a las autoridades españolas y europeas a emitir una respuesta proporcionada y a acelerar los cauces de diálogo".
Por su parte, Aecoc ha puesto el acento en la necesidad de fortalecer políticas orientadas a favorecer la competitividad de las empresas españolas y evitar medidas que puedan debilitar el mercado único, pidiendo el fin del "tsunami regulatorio".
El sector de aceite de oliva será el producto de alimentación más afectado por la imposición de un arancel en EE. UU., pues encabeza el negocio agroalimentario español en este país. Es más, España ganó, hace unos años, a Italia la partida como primer suministrador de EE. UU. y este es el segundo mercado exterior -precisamente, tras Italia- del internacionalizado oro líquido español.
Los operadores aceiteros españoles facturaron allí 673,73 M€ en 2023 y un importe récord de 1.070,15 M -correspondientes a unos envíos de 127.498 t- el pasado año. Esta última cuantía de ingresos representó el 18,6% de los 5.749,35 M totales obtenidos por el sector fuera de España, según los datos del Icex.
EE. UU. ha focalizado, en buena medida, las estrategias de exportación de las compañías españolas, por ser el tercer país consumidor a nivel mundial y reportar mayor valor añadido y renta a los comercializadores que otros mercados. Pero, el sector nacional conoce ya los efectos de un arancel en EE. UU., pues los sufrió entre octubre de 2019 y marzo de 2021. En aquella ocasión, el gravamen fue del 25% y se impuso solo al aceite de oliva envasado elaborado en España. De este modo, algunos operadores nacionales -como Dcoop y Acesur- recurrieron al suministro de graneles en otros países, como Portugal, para embotellar con destino a EE. UU. y el sector pudo seguir exportando aceite a granel producido aquí. Entonces, España fue el único país elaborador de aceite de oliva castigado con el arancel estadounidense, impuesto en respuesta al litigio por las ayudas estatales a Airbus.
“Hay que esperar un poco a ver el desarrollo general de ese planteamiento y saber si el arancel del 20% anunciado es general (para todos los formatos) o no”, señalan en Asaja. De entrada, la aplicación de un nuevo gravamen supondría, en caso de que se impusiera solo al envasado, tres ventajas fundamentales para los productores y comercializadores de aceite de oliva, respecto al arancel de 2019. Por un lado, será un gravamen para toda la UE y, por tanto, se aplicará también a los elaboradores y competidores comunitarios de España en el mercado mundial de aceite: Italia, Grecia y Portugal.
Además, este arancel llegará en un momento de menores precios para el aceite español, tras dos años de tarifas inéditas. «Si hemos estado vendiendo a 9 y 10 €/l, ahora a 5 €, el aceite se va a seguir consumiendo en EE. UU.”, señalan en Asaja. “El perfil del consumidor americano de aceite de oliva y vino español tiene poder adquisitivo suficiente para absorber el impacto de los aranceles. No vamos a tolerar que ningún eslabón de la cadena agroalimentaria especule con esta situación y utilice de manera injustificada los aranceles para presionar a la baja los precios pagados en el campo”, declara Miguel Padilla, secretario general de COAG.
“No es lo mismo que se te aplique un gravamen cuando los precios están subiendo que cuando están descendiendo. En el actual escenario de precios a la baja, el efecto no será tan grande. Se apreciará una menor disminución de los precios". Así lo vaticinaba, hace un mes, Enrique Weickert, director financiero de Deoleo, quien reconocía que el líder marquista mundial de aceite de oliva "se está preparando en base a la previsión de un posible arancel del 25%, ha adelantado envíos para tres meses y tiene ya previsto un plan que incluye pasar a embotellar en EE. UU. mediante un acuerdo con un copacker local”. Por su parte, Dcoop, Acesur, el grupo Sovena y F. Faiges tienen ya plantas de envasado en EE. UU.
Con el anunciado arancel, España no perderá, pues, competitividad en EE. UU. ni en el resto del mundo con respecto a otros elaboradores comunitarios. Pero “el sector del aceite de oliva español y del conjunto de la UE sale gravemente perjudicado, en relación al arancel del 10% a otros países productores no pertenecientes a la UE”, señalan en Asoliva, la organización de exportadores. De hecho, como indican en Dcoop, “Turquía -primer productor extracomunitario- y Marruecos tendrán un gravamen en EE. UU. del 10%. Mientras, Túnez y Siria sufrirán un arancel del 28% y el 41%, respectivamente”.
“Abaratar costos, para ser más competitivos y avanzar en otros mercados son las respuestas que caben ahora para el sector oleícola español. Además, se puede seguir abasteciendo a los consumidores norteamericanos a través de Mercosur y Marruecos, aliado preferente de EE. UU.", se apunta desde Asaja.
”Al final, acabará afectándose a todo el mercado porque los productos que ahora tengan más dificultades para venderse en EE. UU. acabarán por orientarse a otros lugares y se provocará una mayor competencia y bajada en las cotizaciones. Por otro lado, los operadores se dirigirán hacia países proveedores (elaboradores de aceite) con precios más bajos”, concluyen en Dcoop.
Aunque el impacto para la industria pesquera será menor en comparación con el aceite o el vino, el sector pide ser amparado por las ayudas del gobierno en la magnitud que les corresponde. Javier Garat, Presidente de Pesca España recuerda que hay empresas afectadas, por ejemplo en el terreno de los túnidos como Balfegó que venía vendiendo 1.500 t anuales de atún rojo o Petaca Chico, que contaba con un proyecto con atún de aleta amarilla que ahora quedará en el limbo. "También se comercializa en Estados Unidos pulpo y marisco", asegura Garat, que ha calificado de sinsentido la medida. "Ahora mismo todo está en el aire", asegura Garat que recuerda que el presidente Trump se ha mostrado dispuesto a negociar. "Las empresas necesitan seguridad jurídica y estabilidad y esto es justo lo contrario".
Eloy García, presidente de Conxemar ha cifrado en algo más de 30 M€ la facturación que genera la industria de los productos del mar congelados en Estados Unidos, un volumen muy pequeño dentro del negocio exterior del sector.