El pasado jueves 10 de noviembre el Parlament de Cataluña aprobó hacer efectivo durante el año 2017 un nuevo gravamen sobre las bebidas de refresco con exceso de azúcar o de sodio . Este gravamen está motivado por razones de salud pública y su elaboración se hará con el objetivo de que la carga tributaria sea principalmente para las grandes distribuidoras de bebidas, recoge la medida. Este mismo organismo ha rechazado que el Ejecutivo fije este impuesto para alimentos de la mismas características, con exceso de azúcares, sodio y grasas saturadas. El impuesto sobre los alimentos preveía una carga tributaria para las grandes distribuidoras de alimentación, pero no ha prosperado por los votos en contra de JxSí y del PP.

La medida se produce tan solo unas semanas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzase el llamamiento internacional para que todos los países impusieran impuestos sobre las bebidas azucaradas y poder reducir así la actual epidemia de obesidad y diabetes que afecta a millones de personas y es especialmente a niños. La organización defiende que un impuesto que aumente el precio de las bebidas azucaradas en un 20% resulta en reducciones similares en el consumo de estas sustancias, según un informe elaborado por expertos. El llamamiento se produce tras conocerse un estudio liderado por investigadores en EE.UU. que desvela que Coca-Cola y Pepsico han aportado decenas de millones de dólares a organizaciones de salud para lavar su imagen y restar apoyos a las leyes que quieren establecer impuestos sobre estos productos.

El llamamiento de la OMS intenta frenar una epidemia de obesidad de proporciones globales debida al consumo de grasas y azúcares y a un estilo de vida sedentario. Uno de cada tres adultos en todo el mundo tiene sobrepeso y la prevalencia de la obesidad se ha duplicado desde 1980. Además, señala la OMS, estos impuestos reducen el coste que el tratamiento de esas enfermedades generan en el sistema sanitario y supondrían una recaudación que podría dedicarse a políticas adicionales de promoción de la salud.

En este sentido, actuó recientemente el ejecutivo del Reino Unido, quien ha decidido poner un impuesto a las compañías que vendan bebidas azucaradas. Los fondos recaudados se destinarán a programas de salud escolares para niños. La decisión se enmarca dentro de un plan para frenar el avance de la obesidad en la infancia. En España no hay precedentes como tal, si bien hace unos tres años el Gobern Balear tomó una medida indirecta gravando los envases no retornables para bebidas (esceptuando los de leche, por considerlo un alimento básico).

Patronal y empresas lo consideran discriminatorio y poco efectivo

Precisamente, las dos mayores compañías del sector de bebidas refrescantes, Coca-Cola y Pepsico , están reorientando sus estrategias hacia la reducción de azúcar en sus bebidas y apostando las versiones menos azucaradas (diet, light o zero). Desde Coca-Cola explican que las variedades Light y Zero ya representan el 37% de las ventas de la marca y tienen cada vez más peso, pues la demanda de este tipo de productos crece año tras año. Por eso, la compañía estima que el descenso del nivel de azúcares será más acusado en los próximos años. Marcos de Quinto, vicepresidente de la compañía, reconocía al respecto que "en los sitios donde se ha tratado de gravar con impuestos no ha funcionado“ y es que, en su opinión, “si el problema es el azúcar, que se grave todo lo que tenga azúcar, pero que no se discrimine y singularice en algunos productos únicamente".

Por su parte, la multinacioma l PepsiCo acaba de marcarse objetivos ambiciosos para hacer sus productos más saludables hasta 2025 . En lo relativo a las bebidas prevé que al menos dos terceras partes de su gama global tendrán 100 calorías o menos procedentes de azúcares añadidos por ración de 33 cl.

Desde la patronal del sector, Anfabra, habitualmente han mostrado también su disconformidad respecto a este tipo de medidas ya que consideran que "los impuestos no solucionan problemas de salud pública" . En este caso en concteto, la patronal afirma que se trata de una propuesta que está en debate , y dentro del contexto global de la negociación del Presupuesto para 2017 en el que trabaja la Generalitat de Catalunya, por lo que desde la Anfabra "seguiremos atentos a la evolución de la idea, que consideramos sería injusta y discriminatoria" . Desde la Asociación, afirman en un comunicado , estamos abiertos a colaborar con el Govern y tendemos la mano al Ejecutivo para debatir cualquier detalle de este asunto y mostrarles nuestros argumentos a este respecto.